Ibérica por la libertad

Volumen 17, N.º 11, 15 de noviembre de 1969

«Franco ha declarado que el sitio de GUERNICA está en Madrid. Su simbolismo parece habérsele escapado. Le Canard Enchaîne le ofrece esta versión del cuadro, más personalizada».

Le Canard Echaîne
29 de octubre 1969

IBÉRICA es una revista de información y doctrina, cuyo primer número apareció hace 16 años, dedicada a los asuntos españoles. La carencia de información objetiva dentro de España y la parquedad de la información exterior, hacen esta revista indispensable para los interesados en obtener una información veraz y responsable de la vida española en todos sus aspectos.

IBÉRICA ofrece a todos los que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones.

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IBÉRICA is published monthly on the fifteenth of the month, except August-Sept. when bimonthly, in Spanish, by the Ibérica Publishing Co., 112 East 19 th St., New York, N. Y., 10003. All material contained in this publication is the property of the Ibérica Publishing Co., and may be quoted, but not reproduced in entirety.

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Acabo de leer su artículo de Ibérica sobre «El incierto porvenir de la instaurada monarquía». Precisamente unos días antes, se publicó otro mío en República, cuyo fondo y líneas generales coinciden con los criterios rectores y más positivos e inmediatos del primero, y esa coincidencia fue un gran motivo de satisfacción para mí. Pero ello no basta, el instante es crítico y la acción apremia. He visto expuestos en multitud de ocasiones, tanto en revistas de la emigración de tendencias muy dispares, como en conversaciones sostenidas con amigos del interior y de América, los mismos o muy parecidos criterios, coincidentes todos en varios puntos fundamentales, pero que, en general, no han hecho mella en la opinión pública española.

En primer lugar, existe, pues, la necesidad imperiosa y urgente de crear en España un estado de opinión consciente, reflexivo, que recoja y dé forma a toda la oposición larvada, instintiva y más o menos explícita y razonada, que se observa en todo el país, para unirla y coordinarla con la que se manifiesta tan clara y valientemente en los distintos medios estudiantiles, obreros y hasta eclesiásticos.

Para lograr lo anterior el mejor medio, a mi modo de ver, es el que se sugiere en su artículo, un llamamiento dirigido a la nación por cien personalidades, lo más representativas posible, añado yo, españoles de dentro y de fuera de España, sin más requisito que el de ser demócratas y no hallarse ligados a la oligarquía dominante ni estar comprometidos con la misma.

El contenido de ese llamamiento debería ser, en efecto, muy definido y concreto. Debería limitarse a recabar para el pueblo español la posibilidad de preparar y organizar la determinación democrática del régimen y sistema constitucional por que desee regirse en el pleno ejercicio de su soberanía nacional, enajenada desde hace más de 30 años.

En esa forma, España podría asumir una vida cívica y política normales, estables, sin temor a más aventuras militares ni saltos revolucionarios en el vacío, y contar con unas instituciones y un gobierno análogos a los que disfrutan los países que constituyen la comunidad europea de hoy a la que España deberá integrarse un día, y a la que se hubiera ya integrado de no haberlo impedido de un modo preponderante sus características actuales de Estado totalitario.

Creado ese estado de opinión, y el llamamiento bien difundido por todo el ámbito nacional puede ser definitivo para conseguirlo, si ofrece al país un programa claro y de realización inmediata patrocinado por un centenar de hombres y mujeres de prestigio, habría que cultivarlo y fomentarlo, conferirle una estructura a fin de convertirlo en un instrumento de presión suficiente, tanto nacional como internacional, que acabara por inclinar el ánimo de quienes se hagan cargo del poder, al sobrevenir el cambio que lógica y naturalmente debe producirse, a propiciar la organización de una consulta honrada, imparcial y con toda clase de garantías para todos, merced a la cual el pueblo español pueda designar libremente el régimen y sistema constitucional por que desea regirse y al que todo el mundo se obligaría a acatar como representativo de la auténtica voluntad de la nación, sea República o Monarquía.

Yo soy republicano y defenderé la República, que estoy seguro goza hoy en España del favor popular por ser el régimen que más posibilidades ofrece al pueblo, el que mejor concretiza sus ansias difusas y sus más caros anhelos; pero como buen demócrata acataría la voluntad libremente manifestada por el pueblo, fuere la que fuere, aunque luego siguiere trabajando dentro de la ley por el triunfo de mis ideas.

Merced a procedimientos democráticos salieron Italia y Alemania del régimen fascista, y con un medio análogo debería poder recobrar España la posibilidad de desenvolverse cívica, política y socialmente como una auténtica democracia, y de establecer un sistema de vida nacional donde no fueran letra muerta todas las libertades y garantías que constituyen la base de los derechos humanos, fundamento ineludible de toda sociedad civilizada que aspira a vivir y progresar de un modo normal en el contexto del mundo de nuestros días.

Si se quiere restablecer la democracia y evitar todo recurso a la fuerza armada, y sin duda alguna la gran mayoría de los españoles quieren evitarlo, así como lo quieren evitar las potencias que miran hacia nuestro pueblo con interés -España ha sufrido ya demasiado de los males de la violencia que a su pueblo se impusiera-, el único camino es preparar primero, y efectuar después, una honesta e impecable consulta nacional.

El régimen está ya asaz gastado, comprometido y descompuesto como para salvarse mediante ese engendro y balón de oxígeno que constituye la «instauración» de una monarquía «sui generis» desprovista de sus tradicionales bases de derecho divino y de legitimidad dinástica. No es más que la última voluntad de quien ve aproximarse su fin y desea revitalizar los sueños de su anacrónica razón, uncidos -el yugo es uno de los símbolos del régimen- al deseo de sus ilegítimos herederos que ansían seguir gozando de las prebendas cuyo disfrute se impuso a sangre y fuego y a punta de bayoneta a todo un pueblo vencido momentáneamente más por la coyuntura mundial de nuestras cuatro últimas décadas que por sus propias armas contra él empleadas junto con las del fascismo internacional.

Tan es así que por primera vez en todo nuestro largo destierro, y ya es algo, he oído hablar a amigos del interior, allegados a determinadas alturas, de la existencia, entre personalidades del régimen, de una cierta corriente favorable al establecimiento de una situación transitoria que prepare la normalización libre y democrática de la vida nacional que el pueblo español, previa y debidamente informado después de más de 30 años de silencios culpables, mentiras oficiales y semiverdades tendenciosas, entienda y quiera darse mediante un auténtico y leal plebiscito.

Empecemos pues, señor Tierno Galván. Empecemos por llevar las ideas a la práctica. Empecemos por hacer la lista de esas cien personalidades sin exclusiones ni preferencias. Empecemos por redactar ese llamamiento a la opinión nacional y someterlo a la firma de aquellas. Yo no soy ninguna personalidad, pero como ciudadano español en el destierro desde hace más de 30 años estoy a su disposición para realizar los trabajos que esta labor exige y que haré con toda el alma, impulsado por mi afán de regresar por caminos pacíficos e incruentos a una España en que imperen de nuevo la libertad, la justicia social y el estado de derecho.

V. BOTELLA PASTOR

El papel que desempeña el socialismo de la II Internacional en los países democráticos occidentales es ya clásico. Consiste en dar estado jurídico a la filosofía de la justicia social, gobernando solos o en coalición con los partidos burgueses de espíritu liberal progresista. El avance económico así logrado, además de instaurar el Derecho Social, ha supuesto un aumento de nivel de vida y asimismo de los derechos sindicales de los trabajadores, abriendo un camino de alto interés para nuevas conquistas. Se habla de «auténtica revolución» dentro del sistema capitalista al estudiar los objetivos logrados por los partidos socialistas en Inglaterra, Suecia, Dinamarca, etc. Y constituye un ensayo de gran importancia la obra del Histradut en Israel. Esto quiere decir que, sin catástrofes ni guerra civil, el socialismo puede (y yo estimo que debe) crear condiciones de vida para la clase obrera en todos sus grados, allí donde exista una situación favorable, sin apelar a la revolución cruenta y totalitaria.

Lo que acabo de exponer, absolutamente indiscutible, en términos generales, ya se puede aplicar a Italia y a Francia en cuanto concierne a la política que desarrollan en ambos países los partidos comunistas nacionales, y en donde el partido socialista no ha sabido crearse una posición política como en Inglaterra, países escandinavos, Bélgica, Alemania, Austria...

Con gran perspicacia, el Sr. Tierno Galván señala en un interesante artículo publicado en Le Monde recientemente, el ocaso de los partidos socialistas y de izquierda sin localizar los países en donde es clara la decadencia del socialismo. Sin duda alguna, Tierno Galván se refiere a los partidos y organizaciones de Italia y Francia, cuya especial situación política preocupa a cuantos se interesan por el futuro de Europa. Y, sin señalarlo, el ex catedrático de Derecho Político de Salamanca plantea el problema en España. En resumen, un párrafo de ese ya famoso artículo, es lo bastante explícito para formarse un juicio del propósito que guía- esto es cosa inevitable- al Sr. Tierno Galván. Dice así, traducido del francés: «Los partidos socialistas, y, en general las izquierdas, deben darse cuenta que es contrario a sus intereses ofrecer programas que incitan a los ciudadanos a la lucha por el poder. Es mucho más útil prometerles una mejor administración del poder; es decir, una administración que suponga para ellos ventajas substanciales, tesis que los conservadores [caso de Inglaterra, añado yo] sostienen y aplican hace mucho tiempo».

Dejemos el análisis general sobre la participación política del socialismo clásico y hablemos de España, nuestra patria, cuyas características actuales son apasionantes y de enorme interés. Lo primero que salta a la vista es la «necesidad» perentoria de que exista un gran partido socialista, dirigido por un buen estado mayor de políticos capaces de interpretar la realidad social y política de nuestro pueblo y de la clase obrera. Quiero significar el conocimiento exacto de esta España interior de hoy en donde millones de obreros esperan el arribo de una táctica y unos programas que, en verdad, sean dignos de fe y de confianza para salir de la profunda inquietud en que viven. Dos cosas son de muy difícil realización: De una parte, ver el problema con ojos de 1939. Por otra, proponer métodos de lucha y acción desaparecidos en Europa, con ánimo de supeditar el cambio de régimen a un trastrueque de banderas y partidos implica dos en el espíritu de la guerra civil.

En España existe una situación social determinada que los socialistas conocen bien. Incluso hay intereses materiales que corresponderá a la clase obrera administrar. Y como, en última instancia, el máximo objetivo del socialismo español es instaurar la democracia económica en España, sin más discordias sangrientas, a ningún otro partido le exige el porvenir más próximo una generosa contribución política y sindical como al Partido Socialista. Ahora bien; es evidente que ya se desarrollan dos criterios en el campo socialista español sobre esa contribución política. Dos puntos de vista que yo estimo no son opuestos aunque se presenten como difíciles de conciliar. Porque se trata, en el fondo, de atar lo roto por el fascismo franquista, esto es, establecer la concordia y la continuidad entre las generaciones que conocieron la guerra civil y estas nuevas que hoy se enfrentan con el grave problema de dar a España un Estado democrático moderno, situándola, al propio tiempo, en el camino que debe llevarla a integrarse, con dignidad, en la Europa del mañana.

Como se ve, se trata de una gran empresa española que sólo unas fuerzas políticas adecuadas al momento histórico podrán llevar adelante. En ella, la responsabilidad de los socialistas aparece meridiana. Las discrepancias entre el reducto admirable de Toulouse y esta tesis que viene personificando Tierno Galván con toques frecuentes sobre el papel socialista, deben dar paso a la unidad política y a la formulación de un programa político sensacional que confiera al Partido Socialista ser la base de un gobierno postfranquista que, virtualmente, pudiera considerarse como un Gobierno Provisional.

Un gobierno tendrá que restaurar en España la Ley. ¿Cuándo? Es cosa de nosotros, los españoles, de nuestra paciencia y espíritu de tolerancia para enfocar el problema. Necesitamos que vuelvan a ser vigentes las Leyes de Imprenta y Asociaciones. Es imprescindible que las garantías judiciales sean no menores que en 1930. La economía de España, la continuidad de los seguros sociales; exigen mucho tacto y talento. Es decir, para devolver España a la comunidad democrática europea, se precisan actos de sacrificio y de suprema inteligencia. Todos cuantos amamos la Patria y deseamos verla renacida, limpia, libre de tanta carroña dictatorial, tenemos el deber de servirla, pero hoy ese deber comporta mucha más obligación histórica a los socialistas, eje entre el liberalismo conservador y los extremismos «gauchistes», como se dice ahora.

JUAN GRANELL

Hace ya algo más de un año (8 de septiembre de 1968) que el dictador portugués, Antonio de Oliveira Salazar, que gobernaba Portugal con mano de hierro desde hacía cuarenta años, sufrió una caída que le provocó una hematoma craneana, quedando políticamente inutilizado.

Gran parte de los más sagaces observadores de la realidad portuguesa esperaban que un hecho tan inesperado diera lugar a un período de grandes perturbaciones políticas y sociales, que todavía no se han dado. A pesar de que durante cuatro largas décadas la personalidad de Salazar dominó absolutamente la vida portuguesa -«El Estado es él», escribió el comentador francés Franz Villier en un sugestivo libro sobre Portugal-, la «sucesión» se realizó con total tranquilidad; sin choques aparentes, en medio de la indiferencia popular más absoluta, y dando la impresión de que las instituciones creadas artificialmente por el régimen, funcionaban.

Para comprender una realidad tan extraña -aparentemente- se hace necesario conocer el estado del país y la esencia del salazarismo.

1. Un poco de historia

La República fue proclamada en Portugal en 1910, tras una revolución característicamente burguesa, que triunfó en Lisboa el 5 de octubre de ese año y que depuso al último rey, D. Manuel II; el cual murió en el exilio, en Inglaterra, sin descendientes.

El régimen instaurado por la Constitución de 1911 fue una república parlamentaria, con características jacobinas y anticlericales muy marcadas, pero demasiado timorata en cuanto a realizaciones sociales. Los partidos políticos dominantes eran todos republicanos más o menos conservadores (resultantes de las escisiones del viejo partido republicano portugués), con una extrema derecha dominada por el partido monárquico (Integralismo Lusitano) y, más tarde, por el Centro Católico (al que perteneció Salazar), y con una izquierda inconsecuente (el Partido Socialista carecía de verdadera influencia), encontrándose la clase obrera, por lo demás numéricamente poco significativa, dominada por el anarco-sindicalismo (Confederación General del Trabajo) y sin interés por las vías de oposición parlamentaria.

El movimiento militar del 28 de mayo de 1926, que instituyó la llamada Dictadura Militar y trajo al poder, en 1928, a Salazar, representó la conquista del poder político por las oligarquías aristocrático-clericales, apoyadas en la reaccionaria población rural y temerosas del sentido de modernidad que, a pesar de todo, la República trató de imprimir a las estructuras tradicionales, especialmente en la educación.

Salazar, llegado al poder de mano del ejército y de la Iglesia (de proverbial conservadurismo), lo hizo para, según sus propias palabras, «gobernar en nombre de la derecha y para la derecha».

La dictadura abolió los partidos políticos y los sindicatos, proscribió la libertad de prensa y creó un aparato represivo policial que, a través de los años, anuló todos los intentos de resistencia por parte de la pequeña y media burguesía, de la «inteligencia» y del proletariado. Conviene subrayar que el estado autoritario instituido por Salazar -el Estado Novo, así bautizado en 1933- se benefició con la debilidad y complicidad anterior a la segunda guerra mundial, con el apoyo abierto del nazi-fascismo en ascensión y de la Iglesia reaccionaria de los años 30, consolidándose este estado autoritario portugués con la victoria de los llamados «nacionalistas» en la guerra civil de España (1936-39).

Pero Salazar fue siempre un empírico, mucho más interesado en asegurarse el ejercicio efectivo de su poder que en lograr coherencias doctrinarias. Discípulo dilecto de Charles Maurras, cuando, con la victoria de las democracias (en cuya victoria antes no había creído), sintió aproximarse el fin de la guerra, trató de preparar la supervivencia del régimen a costa de un espectacular cambio de frente. Fue cuando cedió bases militares en las Azores a los aliados y cuando trató de transformar (aparentemente) su régimen, antes descaradamente «anti-liberal, anti-parlamentario y anti-democrático», en una «democracia orgánica», preparando farsas electorales, montadas de cuatro en cuatro años, para despistar al extranjero.

Una vez más la complicidad de las democracias occidentales, las exigencias de la guerra fría y la división del mundo en dos bloques hostiles, le permitieron a Salazar (como, asimismo, a su asociado Franco) sobrevivir a la derrota del nazi-fascismo, y vencer poco a poco la hostilidad de principio del mundo democrático de la postguerra. Así consiguió el ingreso de Portugal en las Naciones Unidas, la participación activa en la NATO, ser aceptado como miembro de EFTA, así como en muchos otros organismos internacionales, de los que, por lo demás, sería expulsado años después.

2. Las guerras coloniales

Por más extraordinario que parezca, la verdad es que, hasta 1961, año del comienzo de la acción nacionalista en Angola, Salazar gozó de una cierta «respetabilidad» democrática, a pesar de tener sujeto al país bajo una dictadura implacable. Los dos pilares en que siempre afirmó su poder fueron la policía política (PIDE) y la censura. Con la ayuda de estos dos terribles instrumentos de coacción, y utilizando en amplia escala todos los medios de intimidación contra los adversarios (campo de concentración en Tarrafal, prisiones y deportaciones en masa «sin culpa establecida», torturas, tribunales especiales para juzgar los «crímenes» políticos, información dirigida y sistemáticamente tendenciosa, etc.) Salazar suprimió, por la fuerza, toda oposición y consiguió reinar durante cuatro décadas como señor absoluto, al estilo de los monarcas del «antiguo régimen».

Pero su máscara de «buen tirano» fue brutalmente destruida con el estallido de las guerras coloniales (Angola en 1961, Guinea en 1963, Mozambique en 1965), dado que el mundo tuvo que contemplar, por detrás de apariencias engañadoras, la paradójica realidad de este pequeño país, él mismo una colonia económica de las grandes potencias, el cual, «orgullosamente solo», se empecinó en mantener el más viejo «imperio colonial del mundo». A costa de sacrificios innumerables, del completo inmovilismo económico, apoyado en estructuras arcaicas y por índices de vida que son los más bajos de Europa (320 dólares per cápita y por año) y de la sumisión total de un pueblo, privado de los más elementales derechos de ciudadanía y de participación en la vida pública.

En efecto, los últimos años del gobierno de Salazar se caracterizaron por un absoluto estancamiento económico y político. El dictador perdió, con los años, cualidades, con lo que se agravaron, hasta un nivel difícilmente soportable, las congénitas taras del régimen: las persecuciones, la violencia reiterada, la intoxicación mediante la propaganda dirigida, la ascensión de los adulones y mediocres a los cuadros superiores de la administración pública.

Puede afirmarse que, condicionado por las guerras coloniales -para las cuales Salazar no permitió nunca que se formulara otra alternativa política-, Portugal vivió, en los últimos años del «reinado» salazarista, una crisis muy profunda y múltiple: crisis política, crisis económica, crisis en las estructuras sociales, crisis de confianza en los valores y en la propia vocación nadonal portuguesa. Las guerras coloniales, exigiendo del país un esfuerzo desproporcionado a sus recursos e imponiendo una situación de completo aislamiento internacional (¡los únicos aliados fieles de Portugal son hoy el África del Sur, racista, y Rodesia, secesionista!), han venido corrompiendo lentamente las tradicionales reservas de energía de la nación, arrastrándola hacia una decadencia irremediable y conduciendo al pueblo -y en especial a la gente joven, obligada a hacer una guerra en la que no cree- a las puertas de la desesperación.

3. La sucesión

Hallándose en tal situación socio-política, el país fue sorprendido con la noticia de la incapacidad política de Salazar. Pero, privado de los medios naturales de reacción (carencia de partidos y de sindicatos libres, sin información verdadera y careciendo de las más elementales formas de organización política y de expresión), el pueblo no pudo hacer oír su voz, permaneciendo completamente al margen del proceso sucesorio, indiferente y apático. La policía política (PIDE), la censura, el aparato del Estado y los intereses dominantes, omnipresentes, mantuvieron intactos sus poderes, oprimiendo a la sociedad portuguesa y sofocando cualquier intento de reacción viril. Todo se limitó a «intrigas de palacio», a que el Presidente de la República (personaje hasta entonces meramente simbólico) designara el «sucesor», probablemente ya designado antes.

En efecto, Marcelo Caetano era uno de los rarísimos hombres del régimen con peso específico propio y verdadera envergadura política, que había llegado a ser algo más que una pálida criatura del dictador. Antiguo comisario de la Mocidade Portuguesa (juventud fascista) en los años 40, antiguo ministro de las Colonias (1945) y de la Presidencia (1958), ex presidente de la Cámara Corporativa y de la Comisión Ejecutiva de la Unión Nacional (el partido único del régimen), Marcelo Caetano fue uno de los teóricos del Estado Novo y del corporativismo que, viniendo de la extrema derecha monárquica (Integralismo Lusitano), se adhirió a la dictadura desde sus comienzos, y acompañó a Salazar en todas las vicisitudes de su tortuosa política hasta por lo menos 1962. En ese año, que fue el de la crisis académica, dimitió como rector de la Universidad de Lisboa «por razones de salud», y desde entonces se mantuvo en una reserva prudente, distanciándose del régimen a quien había servido. Apoyado por la Iglesia, por la Alta Finanza y por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, profundo conocedor de la administración pública, Marcelo Caetano posee un sentido mucho más agudo del «espíritu del tiempo» del que poseía Salazar, demostrando ser un espíritu más amplio, dinámico y humano. No obstante es un manifiesto prisionero del sistema que «heredó» (la mayor parte de sus ministros son de la época de Salazar), siendo evidente que carece de libertad para afrontar una política propia.

4. Balance de un año

La llegada de Marcelo Caetano al poder suscitó ciertas esperanzas en una modificación o «liberalización» del régimen. La gran prensa mundial lo presentó como «un liberal», y puede decirse que las cancillerías esperaban de él (y aún esperan) algunas transformaciones en sentido democrático, mediante las cuales aceptar de nuevo a Portugal, sin grandes problemas de conciencia, en el gremio de las naciones del llamado «mundo libre occidental». Las hábiles declaraciones de Marcelo Caetano en su primer discurso (27 de septiembre de 1968) permitieron libre curso, dada su ambigüedad, a todas las suposiciones.

Un año después de su investidura como Presidente del Consejo, se hace necesario hacer un balance crítico de las realizaciones, para tratar de descubrir el futuro previsible. Sobre todo porque siendo 1969 año de elecciones legislativas, las cuales tendrán lugar el 26 de este mes, interesa aclarar lo que puede esperarse de ellas y cuanto de ellas pueda desprenderse.

No hay duda de que el «clima» político del país se desheló un tanto con la ascensión de Caetano al poder. La censura ha sido un poco menos rígida, y la PIDE, no obstante haber aumentado sus efectivos, se muestra menos visible. Además, varios «gestos», sabiamente calculados y dosificados, han acentuado la impresión de «cambio», adelantándose a los deseos de mucha gente pero sin tocar en lo esencial: regreso del obispo de Oporto, exilado hace diez años; nombramiento del «liberal» Melo e Castro para la jefatura de la Unión Nacional; liberación paulatina de algunos dirigentes comunistas; instalación de un equipo católico-progresista para dirigir el departamento de economía; autorización discreta para el regreso de algunos exilados políticos.

Pero las estructuras totalitarias del régimen continúan intactas. La anunciada ley de prensa (que acabaría con la vergüenza de la censura previa) cayó en el olvido, no obstante haber sido una promesa desde los primeros días. Las leyes de excepción que anulan las libertades públicas (de reunión, de asociación, de expresión del pensamiento, etc.) y aseguran de facto la dictadura, siguen en vigor, así como el arsenal jurídico-represivo que entrega sin defensa los ciudadanos a la PIDE y a los tribunales de excepción, los llamados plenarios. Además, todas las realidades fundamentales de la política salazarista continúan sin alteración: guerra colonial, economía paralizada, emigración (cerca de 180 mil portugueses se vieron obligados a abandonar el país, en el último año, buscando mejores condiciones de vida), injustísimo reparto del producto económico nacional, estructuras retrógradas, corporativismo (que no pasa de ser un aplastamiento de las reivindicaciones de las clases obreras), aislamiento internacional, crisis de la Universidad, corrupción y burocratización de la administración pública.

En este ambiguo ambiente se van a realizar las elecciones para la Asamblea Nacional. Como se sabe, el régimen posee una rica tradición de farsas electorales, o, con otras palabras, nunca, desde 1926, hubo en Portugal una elección limpia. De ahí que la Oposición negase siempre legitimidad a un gobierno que siempre fue un puro resultado de la fuerza, ya que jamás fue «legitimado» por una votación genuina. Por lo demás, como desde 1959 el Presidente de la República dejó de ser elegido mediante sufragio directo, y como, por otro lado, el Gobierno no depende de la confianza de la Asamblea Nacional y sí de la del jefe del Estado, existe un círculo vicioso constitucional del que no se puede salir por la vía electoral o legal, incluso aunque las elecciones, absurda hipótesis, llegaran a ser honestas.

Si el proceso electoral llegara a ser genuino, las costumbres políticas del país conocerían una evolución sensible con profundas repercusiones en todos los sectores de la vida portuguesa. Por eso la Oposición (republicanos liberales, católicos o cristianos demócratas, socialistas, comunistas y neo-anarquistas) ha insistido en la necesidad de que el próximo acto electoral sea serio, en la seguridad de que ese sería el paso decisivo para que el Gobierno demostrara, con tal hecho, sus proclamadas intenciones liberalizantes.

Pero nada permite pensar que el nuevo gobierno esté dispuesto a tomar el camino de la verdad respetando la voluntad del electorado. Por el contrario, el censo carece de garantías de seriedad; la legislación electoral no ha sido modificada, no obstante las insistentes reclamaciones de la Oposición, reivindicando sobre todo un sistema que favorezca la representación de las minorías; la Comisión Promotora del Voto, organismo creado por elementos independientes y de gran prestigio nacional para la educación cívica del electorado, y aún no acostumbrado a las prácticas electorales, fue declarada ilegal; las Comisiones Electorales, creadas en diversos distritos para escoger candidatos opositores y apoyarlos durante la campaña, también fueron considerados «ilegales» por una insólita disposición de la Fiscalía General de la República, amenazando a los opositores a ellas pertenecientes, con la aplicación de las temibles «medidas de seguridad». En una palabra: la Oposición no ha tenido posibilidad de organizarse, y mucho menos de realizar cualquier acto de propaganda, sujetos como están todos los escritos a una censura implacable; mientras que la Unión Nacional hace diez meses que puede organizarse cuidadosamente con vistas a las elecciones, utilizando todos los medios para su propaganda con la ayuda de la maquinaria estatal.

Dada tal situación, un sector de la Oposición se ha definido como partidario de la abstención, dado que no existen las garantías mínimas indispensables para una digna participación en el proceso electoral, mientras que otro sector (los socialistas) preconizan la participación como forma de denuncia del sistema. Sin embargo, toda la Oposición está de acuerdo en admitir que las elecciones de octubre serán substancialmente iguales a las farsas del pasado.

5. Perspectivas

Mientras tanto, algo ha cambiado entre los partidarios del régimen salazarista. La gente vieja ha sido sustituida y se acentúa una corriente importante entre el personal dirigente del régimen (hasta en el propio ejército) a favor de una evolución prudente que conduzca a una liberalización supercontrolada.

¿Es ella posible? Las fuerzas que la preconizan (capitalismo industrial europeísta) ¿tendrán peso suficiente para imponerla desde dentro? ¿Coincide esa corriente con el pensamiento de Marcelo Caetano? Por otra parte ¿tiene la Oposición capacidad para presionar, en el mismo sentido, aun cuando se halla condenada a actuar fuera del sistema? ¿O habrá que esperar a una rotura de las defensas del régimen, como consecuencia del empeoramiento de las guerras coloniales, de la crisis económica y del descontento profundísimo de las masas populares?

Es difícil prever lo que traerán los próximos meses. Lo cierto es que la situación, grave y en muchos aspectos contradictoria e insegura, es susceptible de lo inesperado. Es evidente que la «liberalización» presupone:

a) solución del problema colonial mediante una fórmula política que ponga término a las guerras que están destruyendo los propios cimientos de la colectividad nacional;

b) evolución económica del país de modo que se logre una rápida mejoría en el nivel de vida de las masas populares, mediante un justo reparto en la economía nacional y la reforma de las arcaicas estructuras de la propiedad;

c) fin de la sumisión política en que viven forzadamente los ciudadanos portugueses, mediante la participación de éstos en la vida pública (libertad de prensa, libertad contra el miedo, partidos y sindicatos libres, derecho de reunión y de huelga, etc.).

Cualquiera de estos factores está tan relacionado con los otros, que el entorpecimiento de uno será de consecuencias nefastas para los otros. Así como con el progreso de cualquiera de ellos progresarán los otros.

El papel de la Oposición es presionar en el sentido progresista, pues es sabido que sólo a través de la consecuente lucha de las masas populares, se le podrán arrancar al Gobierno las concesiones que conviertan los cambios en irreversibles. ¡Como es urgente para bien del país!

MARIO SOARES

La situación del País Vasco, grave siempre, agudizada ahora su gravedad, adquiere un relieve particular en el planteamiento eclesial en este momento. Porque coincidiendo con el Sínodo, con la renovación de la Iglesia y sus aperturas que ese Sínodo y sus polémicas internas concretizan, coincidiendo también con una Semana Internacional de Teología a la que han asistido figuras de relieve mundial como el teólogo italiano P. Girardi, los tribunales militares españoles han seguido sentando a sacerdotes vascos en el banquillo, condenándolos a duras penas de cárcel y dejando entrever que para uno de ellos, Echabe, va a ser una de las ocho o diez peticiones de pena de muerte que se harán públicas en los próximos días. Esto no llegará a hacerse efectivo, pero el hecho de hacer correr el rumor, es grave.

El Sínodo en Roma, en Bilbao conversaciones internacionales sobre la comunidad cristiana; pero en Roma y en Bilbao, en Madrid y en el resto de las capitales españolas; silencio. Silencio de la Iglesia universal, silencio de la Iglesia española, silencio de todos, incluido el Vaticano, que tiene al parecer una idea muy particular de la comunidad evangélica.

Ante los tribunales

En unos meses han sido condenados ya diez sacerdotes vascos. Unos de ellos fue Bereciartúa, por supuesta propaganda que no llegó a repartir; antes aún fueron Naverán y Gabicagogeascoa, condenados a doce años y un día, y a diez años Amuriza, Tellería y Calzada, en el famoso consejo de guerra tras la huelga del hambre que conmovió al país pero no hizo abrir la boca de los responsables silenciosos. Respecto a este escandaloso asunto circula, recogiendo todavía firmas de personalidades europeas, un documento de la Paulus-Gesellschaft dirigido en principio a la conferencia de Obispos Europeos reunida en Coire, en que se recoge: «La Paulus Gesellschaft, una asociación internacional compuesta por científicos de todas las Facultades, teólogos de todas las Iglesias Cristianas, políticos de diferentes partidos, escritores, periodistas, estudiantes, trabaja desde hace más de diez años, con métodos de investigación científica, en un encuentro del cristianismo con la sociedad moderna. Profundamente preocupados por el sentido objetivo de nuestra empresa, atraemos la atención de los obispos europeos sobre las espantosas contradicciones que el cristianismo oficial en España ofrece actualmente al mundo». «Nuestra sociedad protestó abiertamente hace dos años en un país comunista contra la supresión de la libertad de religión y contra la violación de los derechos del hombre en los países socialistas. Elevamos hoy públicamente nuestra protesta contra una Iglesia del silencio que rehúsa a otros aquella libertad que reivindica para sí misma en los países comunistas; que contempla pasivamente desde hace años cómo hay hombres que son privados de su libertad, humillados, golpeados y encarcelados por el único motivo de tener otras convicciones políticas u otras convicciones sociales; y esto, en un país en el que la Iglesia, según la Constitución, asume la responsabilidad ideológica de los principios que informan al Estado». «Protestamos contra una Jerarquía, contra unos Cardenales y Obispos, que sin escrúpulo alguno abandonan a su suerte, exigiéndoles orden y disciplina, a aquellos de sus sacerdotes cuya conciencia no soporta por más tiempo el que se cometan crímenes contra los hombres en nombre de Cristo».

Centenares han respaldado, y continúan haciéndolo, este llamamiento. A él se han adherido además de personalidades individuales, asociaciones cristianas completas, como la Asociación de párrocos evangélicos de Alemania, las JOC de diversos países, la Comunidad de trabajo de los grupos sacerdotales de la República Federal, etc.

Pero la respuesta del régimen ha sido sentar nuevamente sacerdotes en el banquillo. Cuatro esta vez, y otros tres en rebeldía, pues, sabiéndose buscados huyeron al extranjero o permanecen escondidos, protegidos por su pueblo. Decretada su búsqueda y captura, los sacerdotes Juan Mari Arregui, Tomás Gastelurrutia y el P. Rementería, son equiparados por las autoridades a delincuentes peligrosos, soportando toda clase de insultos y difamaciones, como otros compañeros suyos cuyas requisitorias de captura han aparecido igualmente en los periódicos, facultando a cualquier autoridad para intervenir contra ellos si los hallaran, y aun excitando a disparar contra ellos si cualquier agente armado diera con alguno de los fugitivos.

Los juzgados han sido condenados a penas increíbles dada la vaguedad de las acusaciones. Encartados en el sumario relativo a Miguel Echevarría, al que se quiere hacer cargar con la responsabilidad de la muerte de un taxista, se les hace corresponsables de la curación y auxilio al militante vasco herido y fugitivo, lo que ha quedado penalmente valorado en las siguientes condenas: a José M.ª Ortuzar, párroco de Orozco, ocho años; Pedro Ojanguren, diez años; José Acha, diez años; Martín Orbe, dos años. Ni esa protesta, ni ninguna otra en ese sentido, parecen despertar la atención de las autoridades españolas. Ninguna jerarquía ha dicho nada. Ninguna intervención del Vaticano. Ninguna aclaración.

Sólo el Administrador Apostólico de Bilbao, aludido en el texto de la sentencia, se ha decidido a dar a la prensa una declaración puntualizando los excesos de lenguaje de las autoridades militares al dar cuenta del consejo de guerra. Mons. Cirarda ha tenido que aclarar que «el texto de dicha nota puede dar origen a algunas malas interpretaciones y aun agravar el clima de grave y dolorosa tensión que se da en la diócesis». Llama también la atención sobre el abuso que supone decir en la sentencia hecha pública que «la sentencia, tras recopilar diversos hechos delictivos imputados a la organización y funcionamiento del movimiento denominado ETA destaca "la frecuente intervención de elementos eclesiásticos en las actividades de la ETA"». Puntualizando: «La nota citada, después de referirse a determinadas actividades de los sacerdotes y seglares condenados por haber prestado ayuda al fugitivo acusado de la muerte del taxista don Fermín Monasterio, llega a decir que actuaron en el caso "no por motivos humanitarios ni pastorales, sino por el deseo de salvar al activista, de burlar la ley, de facilitar la huida a un militante del separatismo vasco, etc.". Es este un punto especialmente delicado de dicha nota. El obispo no pretende juzgar ni los hechos ni las responsabilidades legales de unos procesados, sacerdotes o seglares, algunos de los cuales ni siquiera conoce. No es cosa de su incumbencia. Pero ante la gravísima afirmación indiscriminada de la nota citada, considera un deber hacer público que los sacerdotes condenados le manifestaron siempre, en repetidas visitas, que algunas de sus acciones en este caso las hicieron por sentirse moralmente obligados a ello».

La respuesta de los militares no deja lugar a dudas. El próximo sacerdote encausado, Echabe, es más que probable que escuche tras la requisitoria del fiscal, la petición de pena de muerte. Si esto es así, ¿seguirá el silencio? Si esto es así seguirá el silencio.

Ante el pueblo

Ese consejo de guerra tuvo lugar el veinte de octubre. El viernes de la misma semana comparecieron ante otro consejo de guerra sumarísimo, en Burgos también, Bilbao Cos y Domingo Ciluaga, acusados igualmente de pertenecer a ETA; con peticiones de 30 años para el primero y 20 para el segundo, han sido los dos condenados a quince años, a quince interminables años de cárcel. El lunes 27, un nuevo consejo de guerra en Burgos. Se juzga ahora a varios jóvenes de Ondárroa. La acusación dice de uno de los principales encartados: «tenía amistad y contacto directo con miembros activistas de la organización clandestina subversiva y terrorista ETA, y a consecuencia de ello recibió y repartió propaganda clandestina consistente en octavillas en las que se invitaba al Aberri-Eguna y al boicot a la prensa». «Igualmente existen indicios para suponer que intervino de manera personal y directa en la colocación de una bomba que explotó en la noche del 3 de abril, en la plaza del Ayuntamiento de Ondárroa, próxima al coche usado por los agentes de la Policía Municipal». Próxima a un coche usado por los guardias municipales, no en él ni cuando los agentes lo ocupaban, artefacto reconocido como de poca capacidad destructiva, que no llegó a explotar. Pues bien, las peticiones fiscales son: Antonio Bedialauneta, 25 años; Ignacio García Arámbarri, 25 años; Andoni Arrizabalaga, pena de muerte.

A última hora del lunes 27 se comunicó a los abogados que el dictamen del consejo de guerra sumarísimo imponía a Arrizabalaga la pena de muerte. Dictamen que para ser sentencia en firme tenía que ser ratificado por el capitán general de la región. La decisión de este último se esperó inútilmente durante todo el martes, pendiente al parecer de la crisis de gobierno y el cambio de titular en el ministerio del Ejército.

Sin embargo el miércoles 29 el capitán general aprobaba el dictamen del consejo de guerra, haciendo firme la sentencia de pena de muerte contra Arrizabalaga.

Inmediatamente en Eibar han empezado los paros, parciales o totales, en Alfa, GAC, Lambretta, Orbea, Sarasqueta y otras empresas y talleres, así como en Sigma de Elgóibar. Igualmente en San Sebastián, en los Bancos, ha tenido lugar un paro coincidiendo con una manifestación contra las penas impuestas por los consejos de guerra.

Pero la víspera del consejo de guerra se manifestaban en Ondárroa centenares de jóvenes durante cerca de una hora, abriendo fuego la guardia civil para disolverlos. Con un herido y numerosos detenidos más como resultado. Y se temen nuevas detenciones, de sacerdotes otra vez.

La Iglesia en esta región está, todo lo prueba, al lado de su pueblo; con él ha llegado hasta el banquillo de los acusados. La Iglesia, representada en su clero de más inmediato contacto con la tierra y el hombre, no la jerarquía impuesta ni una parte del clero entregada, sino la que el pueblo reconoce como su Iglesia, como sus pastores, y ahora como sus capellanes en las mismas comisarías y parecidas cárceles.

Para las semanas próximas se fijan otros consejos de guerra. A primeros de diciembre el de Francisco Javier Izco, en quien va a centrarse la represión y la venganza. Aislado de sus compañeros, en régimen especial desde hace tiempo, esperando el momento de su comparecencia en las peores condiciones que intentan quebrantarle moralmente, y físicamente extenuarle, quiere hacer de él el régimen el símbolo del escarmiento. Se asegura que también contra la mujer de Izco, Jone Dorronsoro, una de las detenidas más torturadas, se pedirá la pena de muerte.

Y el silencio. Y una Iglesia dividida, porque nada tiene que ver un clero condenado por permanecer junto a su pueblo con una jerarquía que se sienta a la mesa de los que condenan. Pero, como dice un documento recién publicado, firmado por Telesforo de Monzón como presidente de la Junta de Ayuda a los Refugiados Vascos: «Treinta años de opresión, de corrupción y de tormentos aplicados sistemáticamente por el último Estado fascista superviviente, con sus miles de muertos, presos y exilados, no han servido más que para afianzar en los hijos de Euskal Herria el propósito de llegar un día a vivir como hombres libres en un Pueblo libre. Los jóvenes exilados vascos que hoy nos llegan por el monte, perseguidos a tiros, son los hijos y los nietos de aquellas mujeres que, embarcando en Ondárroa o en Lekeitio a la luz de las llamas de Gernika, llegaban por mar a Donibane huyendo de los tanques alemanes».

Esperamos que el mundo alguna vez se entere.

J. OÑATE

ARRIZABALAGA INDULTADO

Antes de ser publicada la declaración del nuevo Gobierno, se había acordado el indulto del joven vasco Antonio Arrizabalaga, condenado a la pena de muerte por el Tribunal Militar de Burgos el 27 de octubre, sentencia confirma da por el Capitán General de la Región.

Dado el estado de efervescencia de Vasconia, huelgas de trabajadores, estudiantes, centros de enseñanza y Bancos, y los miles de telegramas recibidos por el Gobierno, del interior y de organizaciones internacionales, el Gobierno se vio obligado a conceder el indulto. En ello le iba su propio interés, sumado a la fuerza del estado peligroso de Vasconia y el resto de España.

La crisis es de régimen

Hacía semanas que se vivía en los medios políticos de Madrid en excepcional situación de tensión, la cual ganaba, poco a poco, diferentes territorios del país. El desaforado ritmo de condenas del Tribunal de Orden Público, la lucha tan solapada como despiadada por el proyecto de ley sindical, la dimisión del procurador Sr. Tarragona que se añadía al escándalo «Matesa», el parón dado al llamado asociacionismo político, los «encierros», huelgas y manifestaciones en Sevilla, el nuevo escándalo de Vigo... todo rematado por la nueva condena de sacerdotes dictada por el Consejo de Guerra de Burgos, la dura réplica de Mons. Cirarda, y, en fin, la condena a muerte -por el mismo tribunal militar- del joven Antonio Arrizabalaga, de 21 años, acusado de ser jefe de comando ETA y haber puesto un explosivo en el jeep de la Policía Municipal de Ondárroa (Vizcaya), el cual no hizo explosión ni produjo víctimas o daños...

Cada cual se preguntaba qué iba a pasar aquí. Y aunque los rumores de reorganización del Gobierno persistían, eran muchos, incluso ministros, que no daban demasiado crédito a ello. Es más, se le abrió expediente al diario Ya por haber dicho que el ministro de Hacienda, Sr. Espinosa (muy gastado por el asunto Matesa), pensaba dimitir.

Mientras tanto el Sr. Laureano López Rodó y sus amigos trabajaban en la sombra o casi; con la anuencia, en efecto, del vicepresidente del Consejo, Almirante Carrero Blanco, muy adicto al sector que simboliza el Sr. Rodó, más aún desde cierta crisis espiritual que tuvo hace ya ocho o nueve años.

El martes 28 empezó a extenderse un rumor que por momentos adquiría caracteres de mayor verosimilitud el Gobierno no sólo iba a ser reorganizado sino enteramente cambiado. Sin embargo, había empezado la semana, y el Sr. Solís, ignorante de su desgracia, se batía y maniobraba por el art. 30 del Anteproyecto, según el cual el Presidente de la Organización Sindical era nombrado por el jefe del Estado y, necesariamente, era también ministro. Pensaba el Sr. Solís acumular ese puesto y el de Ministro Secretario General del Movimiento; ser, en suma, el hombre más poderoso de España. También vivía en el mejor de sus mundos el activo Sr. Fraga, y descansaban en sus poltronas otros ministros.

Inquietaba, bien es verdad, la situación del País Vasco. El lunes 27 el Consejo de Guerra de Burgos, dominado por el engranaje de la represión, condenaba a muerte al joven Arrizabalaga «por haber hecho explotar un petardo en la Plaza Mayor de Ondárroa, el pasado 3 de abril de 1969», según reza la sentencia. El Tribunal condenó también a veinticinco años de prisión a los jóvenes de 18 años Ignacio García Arambarri y Antonio Bedialauneta, ambos de Ondárroa, «por haber hecho resistencia a la fuerza armada». Nótese que el Tribunal se limitó a aceptar la petición fiscal. El asunto era serio: cerca de mil telegramas de petición de indulto fueron enviados a Franco y la policía detuvo a más de cien personas al ir a ponerlos. Empezaron las huelgas: 7.000 obreros en la siderurgia de Bilbao, varios millares en Eibar, Rentería, Beasaín, etc. Por todas partes los letreros «¡Te salvaremos!». Se sucedían las manifestaciones y los choques con la guardia civil: tres en Ondárroa, otras más en San Sebastián, Elgóibar, Beasaín, en toda la ría de Bilbao; en Erandio unas 2.500 personas tuvieron un violento choque con la guardia civil que tiró sobre ellas; de los dos heridos graves, uno ha fallecido, José María Murueta, de 31 años. La huelga se extendía por momentos y la indignación con ella, los sacerdotes hablaban en las iglesias, los obreros a la salida de las fábricas. Ya estaba nombrado el Gobierno y entraron en la huelga los obreros de la Babcock y Wilcox de Bilbao, de las fábricas de Placencia, Elgóibar, Sestao, San Salvador del Valle, mineros del hierro... era una oleada que no paraba nadie; estaban dispuestos a todo.

Coincidiendo con ello, y por razones diferentes, hubo manifestaciones en las calles centrales de Valencia (las Barcas y Pintor Sorolla) con pedreas a los Bancos y a un Centro de estudios norteamericano. Los estudiantes de Valencia distribuyeron manifiestos y pusieron carteles. También hubo manifestaciones en Sevilla, donde los obreros de Corominas, de La Rinconada, etc., terminaron sus «encierros» después de ganar sus huelgas.

Tensiones internas y externas

Esta era la situación; si queremos hacer una clasificación podríamos hablar de tensiones internas al sistema y de tensiones externas. Entre las primeras se situaban la dimisión del Sr. Tarragona, las declaraciones de situarse en la oposición del falangista de «izquierda» Sr. Cantarero, el aspecto de lucha de influencias en los pasillos por la ley sindical, la «cola» del asunto Matesa, del que el Gobierno acababa de recibir un primer informe de la comisión investigadora, la barrera puesta a las asociaciones políticas, el choque entre los medios políticos de Cádiz y el ministro de la Gobernación y un nuevo escándalo, el de Vigo: con motivo del plan de ordenación urbana se repartieron más que pródigamente indemnizaciones y subvenciones a los propietarios de la margen izquierda de la Gran Vía, entre ellos el alcalde Sr. Portanet Suárez, quien utilizó de testaferro a su yerno, Sr. Las Traviesas. Hace dos años, el concejal Sr. Estévez, apoyado por los concejales Srs. Pazos y Prieto Villar, suscitaron la recusación del alcalde para presidir dicho plan de ordenación urbana. La respuesta fue su destitución por el ministro de la Gobernación. Pero cohecho hubo y ha sido probado. Están procesados dos concejales y el yerno del alcalde. La gente los quería linchar; algunos penetraron en el salón de sesiones del Ayuntamiento, que fue desalojado por los guardias.

Las tensiones que, procedentes del exterior, se proyectaban sobre el sistema, eran muchas: en primer lugar los trabajadores no aceptaban -ni aceptan- la ley sindical que somete toda la dirección de los Sindicatos al Gobierno. La Comisión General coordinadora de las Comisiones Obreras difundió ampliamente un manifiesto en el que decía: «La secreta ley sindical del Régimen -antes de que se publicase- está en nuestro poder. Las Comisiones Obreras la presentamos a los trabajadores, a la opinión pública... Y la denunciamos como el atentado más grave que se ha cometido contra los trabajadores y el pueblo español en estos últimos años. Como veníamos advirtiendo, no contiene ningún elemento positivo respecto a la situación anterior, no reconoce ninguno de los derechos que los trabajadores masivamente veníamos reclamando, no respeta ninguna de las recomendaciones de la O.I.T., ni los principios señalados por el episcopado español».

La segunda tensión venía del País Vasco, donde la represión no hacía sino indignar a la población y estimular la lucha. La condena de un sacerdote a doce años de prisión y de otros tres a diez y ocho años, había agravado la situación: la manera provocativa de actuar del capitán general de la sexta región, teniente-general Cabañas, se había hecho acreedora a la réplica enérgica de Mons. Cirarda (obispo de Santander y Administrador Apostólico de la diócesis de Vizcaya). La actitud del clero, con veintiuno de sus miembros condenados y encerrados en la cárcel de Zamora (sin contar las últimas condenas), tomaba caracteres peligrosos. Los estudiantes habían realizado manifestaciones en Sevilla, Barcelona y Valencia, y en Madrid (donde la Facultad de Ciencias políticas y económicas, partida por gala en dos y alejada de Madrid, dista mucho de estar en marcha) hubo cartelones, y reparto de octavillas en Derecho y Filosofía y Letras. En fin, el escándalo de Matesa no es tan sólo un asunto interno del régimen, sino un escándalo nacional. El ministro de Hacienda Sr. Espinosa estaba tocado en el ala, y previamente a la crisis había presentado su dimisión con carácter irrevocable.

En fin, dentro del régimen, pero en la calle, los bulliciosos falangistas, al mismo tiempo que se formaba nuevo Gobierno, salieron tumultuosamente del Teatro de la Comedia, tras conmemorar el XXXVI aniversario de la «Fundación», y muchos de ellos con la cruz de hierro hitleriana, se echaron por la calle del Príncipe -¿cuántos? ¿quinientos? ¿ochocientos?- dando mueras a la monarquía, gritando «traición» y amenizándolo todo con los acordes del «Cara al Sol». Llegaron los «grises» y cargaron, resultando herido el Procurador en Cortes don Ezequiel Puig. Se rehicieron los grupos y llegaron hasta la calle de Alcalá, cerca de la Secretaría General del Movimiento. Se vio, entre otros, al todavía Vicesecretario general del Movimiento, Sr. Rodríguez de Valcárcel, y al Sr. Fernández-Cuesta, aunque éste ya no tiene edad para correr delante de los guardias.

Presentación del gobierno

En estas condiciones se llegó al cambio de Gobierno, que no por esperado hace meses es menos asombroso porque, por vez primera desde hace más de treinta años, se rompe el juego de equilibrio de tendencias y se nombra un gobierno homogéneo; asombroso, porque Falange queda enteramente descalificada (¿qué será el Movimiento tras esto?); asombroso, porque el contraataque falangista (con ayuda del Sr. Fraga) a propósito del asunto Matesa no ha servido para nada. Asombroso, en suma, porque resulta a todas luces evidente que es la primera vez que el jefe del Estado no ha elaborado personalmente la reorganización (cambio real esta vez), sino que se ha limitado a dar su asentimiento a lo propuesto por el Sr. Carrero Blanco, después que éste, el Sr. López Rodó y otras personalidades elaboraron concienzudamente el proyecto de nuevo Gobierno.

¿Qué es este Gobierno? ¿Quiénes lo forman? Intentemos, cual no importa qué cronista, trazar el perfil biográfico de los nuevos ministros. Asuntos Exteriores: todo el mundo conoce a don Gregorio López Bravo, el dinámico ministro de Industria del anterior Gobierno. Va a cumplir 46 años, es ingeniero naval, ha sido del consejo de administración de la Constructora Naval. Hizo estudios de dirección de empresas en Estados Unidos y tiene altos cargos desde hace diez años.

Gobernación: don Tomás Garicano es general del Cuerpo jurídico del Aire, a sus 59 años. Ha tenido diversos altos cargos y el gobierno civil de Guipúzcoa de 1951 a 1956. Últimamente era gobernador civil de Barcelona.

Hacienda: don Alberto Monreal Luque es el ministro más joven; dentro de unos días cumplirá 43 años. Del género de «alto funcionario» y «técnico», es economista y era desde el año pasado subsecretario de Educación Nacional.

Comercio: don Enrique Fontana Codina, de 48 años, es abogado y llevaba tres años de comisario general de Abastecimientos y Transportes. Ha «flirteado» con las distintas tendencias del régimen. Es consejero del Reino y sus enemigos dicen que es un poco cursi.

Industria: don José María López de Letona, 47 años e ingeniero de caminos, es un jefe de empresa dinámico. Ha representado en España durante los últimos ocho años los intereses del grupo internacional formado por la Westinghouse Air Brake Company y sus filiales europeas. Desde 1966 es subcomisario del Plan de Desarrollo.

Agricultura: don Tomás Allende García Baxter es «camisa vieja», licenciado en Derecho y tiene 49 años. También es subcomisario del Plan de Desarrollo, Presidente del Consejo Nacional del Frío, procurador «importante», es decir miembro de la Comisión de Leyes fundamentales, etc., etc. Lo del falangismo no lo toma muy a pecho.

Información y Turismo: de Don Alfredo Sánchez Bella, periodista y abogado, de 53 años, que últimamente era embajador en Roma, se puede decir (como de otros muchos ministros) sin ánimo de ofensa que es miembro del Opus Dei; no dirá, y esperamos que él y sus colegas lo prueben, que eso nada tiene que ver con la política (es cierto, sin duda, que hoy hay varias tendencias políticas dentro de los miembros de la «Obra», si bien todas conformistas con el orden social; pero eso es otra historia). El Sr. Sánchez Bella tiene gran experiencia de periodista; fue miembro del Consejo de Investigaciones Científicas hace más de veinte años, pero luego derivó por los caminos de la diplomacia.

Trabajo: dicen que don Licinio de Lafuente es un autodidacta. Pero ha llegado a abogado del Estado y a ostentar muy diversos altos cargos durante los últimos diez años (tiene 46). Entre o tras cosas fue Director del Servicio Nacional de Cereales. Falangista.

Ejército: teniente general don Juan Castañón de Mena, jefe de la casa militar del Caudillo. Ostentaba ese cargo desde 1965.

Marina: almirante don Adolfo Baturone, 65 años. Aire: general don Julio Salvador, segundo jefe del Alto Estado Mayor.

Secretaría General del Movimiento: don Torcuato Fernández Miranda, de 54 años, catedrático de Derecho político. Formado en un catolicismo ortodoxo y «chapado a la antigua» (lo que se llamaba «vaticanista» antes del Concilio), así se expresó en cursos y obras profesionales. Ha tenido altos cargos en el Ministerio de Educación de 1953 a 1962. Se le acusó de estar implicado en la persecución y expulsión de sus colegas los profesores Tierno Galván, López Aranguren y García Calvo. Últimamente era delegado de cultura del Movimiento.

Ministro sin cartera, delegado nacional de Sindicatos: observarán ustedes que se separan los puestos de Ministro-Secretario General y del delegado de Sindicatos (predestinado a la presidencia de la Organización Sindical): don Enrique García del Ramal es catalán, tiene 55 años y es ingeniero industrial. Fue becario de la International Corporation Administration para estudios sobre empresas en Estados Unidos. Era presidente de la Sección económica (es decir, la de los patronos) del Sindicato Nacional del Metal. También es miembro del Consejo Nacional de Empresarios y de 1961 a 1968 ha sido director-gerente de Altos Hornos de Vizcaya. Dicen que es camisa vieja. No se trata de una broma; los gobernantes españoles son gente muy seria; este «proletario» es el delegado nacional de Sindicatos.

En fin, quedan en sus puestos el ministro de justicia Sr. Oriol Urquijo (que dice que hay que terminar «con eso de las libertades provisionales»), el ultraconservador Sr. Silva Muñoz en Obras Públicas; el «prodigio» del Sr. Villar Palasí en Educación, y don Laureano López Rodó, ministro del Plan, a quien no hay necesidad de presentar (y no queremos con eso tratarle de «Padre José» del nuevo Gobierno). Se nos olvidaba decir que el ingeniero de caminos don Vicente Mortes, formado en los medios católicos belgas, comisario adjunto del Plan de Desarrollo y especialista en «cursos de management» (sic) ha sido nombrado Ministro de la Vivienda. Además, nació muy cerquita de Valencia, hace 48 años.

Completando el panorama

Para completar el panorama, precisamos que el Gobierno nombra libremente 565 altos cargos (155 solamente en la Secretaría General del Movimiento). Y que el nombramiento de capitán general en favor de Alonso Vega, hará entrar a éste en el Consejo del Reino. Fernández de la Mora ha sido nombrado subsecretario de Asuntos Exteriores.

¿Qué fuerzas, qué ideas, qué orientaciones representa el nuevo Gobierno? Empresa difícil si las hay; esperemos que el ministro de Información permita más esclarecimientos sobre éste y otros temas que bajo los anteriores titulares.

Algunas evidencias se imponen:

a) el grupo que representaba cierta continuidad de Falange y la alta burocracia de la Organización Sindical ha sido desalojado del Gobierno. El Secretario General del Movimiento no tiene de falangista más que el nombre -y ni eso-; el delegado de sindicatos es un capitán de industria.

b) el Gobierno busca reforzar su alianza con el Gobierno de Estados Unidos y conseguir la entrada en el Mercado Común («España pertenece al mundo occidental -dice la declaración del Gobierno-, hacia él ha de orientar su política exterior»). Hay muchos ministros que tienen lazos personalísimos con medios o empresas de Estados Unidos. Esto implicará, sin duda, cierta sordina al asunto de Gibraltar (que dio lugar a un incidente naval hace una semana).

c) gastado completamente, el Sr. Fraga y su equipo tiene que desaparecer. Al marcharse ha dicho que ha querido ser un servidor del Estado. Tal vez sea verdad, pero ¿de qué Estado?

d) El Gobierno es homogéneo; lo menos tres ministros han hablado de eso en la toma de posesión, y un párrafo de la Declaración dice: «es decisión unánime de todos y cada uno de los miembros del Gobierno, practicar una política de efectiva coordinación».

e) en el Gobierno dominan en número aplastante los altos funcionarios, los llamados «tecnócratas»; no es una apreciación gratuita, es una simple constatación. Hay en él, además, varios jefes de empresa.

f) en fin, el punto dramático. En todos los países y continentes se habla de que el Opus Dei ha tomado el poder en España, que ha reemplazado a Falange, etc. Sus miembros más eminentes, entre los conocidos, han negado siempre la intervención en política de la «Obra». Queremos creerlo. Ello no impide que el hombre del Opus Dei tenga una conformación humana, una escala de valores y hasta unos métodos de acción muy característicos. Es una afirmación desprovista de carga valorativa; un simple hecho. Que no pierdan el tiempo con notitas a la prensa sobre el «apoliticismo del Opus». Basta con probarlo. E incluso, admitiendo -como lo admitimos- que así sea; ¿qué se hubiera dicho de un Gobierno integrado por una mayoría de miembros de la Compañía de Jesús? ¿Qué se ha dicho de Gobiernos, cuya mayoría no era de francmasones y se decía que lo era porque lo eran cuatro o cinco ministros? Se ha dicho y se ha hecho.

No hay, en suma, en este Gobierno, representantes de corrientes democráticas de derecha, de conservadores modernos. Hay, por lo menos hasta ahora, demasiado continuismo, demasiado empacho de altos cargos, de esa generación acostumbrada a actuar en los ministerios al servicio de un Estado antidemocrático desde que tenían sus miembros treinta años. La Declaración del Gobierno, si se quita su neto pro-americanismo y occidentalismo, es de gran vacuidad. Sobre la Iglesia dice estas palabras sibilinas: «El Gobierno inspirará sus relaciones con la Iglesia en el doble aspecto de independencia recíproca y positiva cooperación, al servicio del pueblo español» (¿Con la política del Sr. Oriol?)

El Gobierno «proclama su firme propósito de desarrollar su labor en estrecha colaboración con las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento y de acentuar la participación de la Organización Sindical...» Eso no puede ser más que una concesión verbal al falangismo, pero no tiene ninguna relación con la democracia. Ni las Cortes, ni el Consejo Nacional representan a la nación, ni han sido elegidos por ella, ni la Organización Sindical representa a los trabajadores, ni sus dirigentes han sido elegidos por éstos.

En fin, la promesa de «una política de información diáfana, con el fin de que la opinión pública pueda juzgar de su gestión (del Gobierno) y manifestar sus puntos de vista», es importante y vale la pena de anotarla. Eso es todo. Eso, sí: FET y de las Jons, el Movimiento con tinte falangista, el continuismo «azul» parece haber terminado. Era natural. Hace tiempo que las minorías dirigentes no tienen necesidad de ese instrumental orgánico e ideológico que fue, en sus tiempos, el falangismo. Ahora, era -y es aún- una cuestión de lucha por el presupuesto.

Algunos ministros se marcharon enfadados. Dicen que Solís lloró (no era para menos). Además, en la Secretaría General recordó que «el enemigo está vivo». Casi las mismas palabras de rencor y división que tuvo hace varias semanas al dirigirse a su amigo el general Iniesta. Por cierto que a éste le ha sentado como un tiro la formación del nuevo Gobierno, igual que al general falangista García Rebull, conocido «ultra» y jefe de la primera división acorazada.

Otros enfadados: el Sr. Fueyo, que aspiraba al Ministerio de Información, y don Carlos Arias, alcalde de Madrid, a quien todos veían sucesor del general Alonso Vega en Gobernación. En cuanto al enfado del Sr. Girón, cuentan y no acaban. Pero todo esto entra un poco en la picaresca habitual del régimen.

Hay, pues, un hecho evidente: el régimen, al querer hacerse más eficaz y «moderno», pierde parte de su base y se crean una serie de contradicciones en el seno del «establishment». Nadie se engaña. Ya no manda un Caudillo, sino un equipo de hombres sin carisma de ninguna clase y... sin elección popular.

¿Hasta qué punto ese grupo quiere ser más flexible? ¿Hasta qué punto pretende no ir lejos y dejar en sus puestos a muchos falangistas para que no salgan a relucir tantos trapos sucios como hay?

La definición del gobierno la darán sus actos

«Por sus obras los conoceréis». El nuevo Gobierno no se define con una declaración hueca, sino por la actitud que tenga ante el proyecto de ley sindical, ante la represión que continúa igual (cinco años de prisión a David Morín y otros obreros más al día siguiente de formarse el Gobierno), ante el régimen de prensa y radio, ante la revisión del Concordato. ¿Qué harán con la prensa del Movimiento? He aquí otra incógnita.

Es verdad que el Gobierno no había aún terminado de redactar su Declaración cuando ya había indultado a Arrizabalaga. No tenía otro remedio. El 30 y 31 de octubre, Vasconia estaba al borde del estallido; a las huelgas ya citadas había que añadir las de Dow-Unquinesa, Construcción Naval, parte de Altos Hornos, las de Zarauz, Hernani, Tolosa, Luzuriaga, unidas a manifestaciones cada vez más violentas. Huelgas de los Estudiantes de Ciencias económicas de Bilbao, de la Universidad de Deusto en pleno (estudiantes en las calles, haciendo piras de periódicos), huelgas de diversos centros de enseñanza en San Sebastián, y también de Bancos; manifestaciones y detenciones en Pamplona. En Madrid también se pusieron cientos de telegramas, se manifestaron los estudiantes de Aeronáutica e hicieron la huelga del hambre los presos de Carabanchel. (Los estudiantes de la Escuela Industrial de San Sebastián también se habían encerrado en ella practicando la huelga del hambre).

Arrizabalaga fue indultado, pero algunas manifestaciones han continuado en el País Vasco, contra el nuevo Gobierno y contra la monarquía. En los barrios obreros de Madrid hubo también varias manifestaciones antimonárquicas el día 31. En Vallecas, la manifestación alcanzó a casi mil personas, obreros y algunos estudiantes, con pancartas en que se daban vivas a la República, mueras a la monarquía y al Gobierno. Repartieron millares y millares de octavillas y fueron dueños de las calles de Vallecas durante largo rato.

Por su parte, el profesor Ruiz-Giménez, a quien un periodista fue a preguntarle su opinión, respondió secamente: «Sin palabras».

En fin, la huelga de los mineros asturianos crece en importancia; el viernes 31 el número de huelguistas llegaba a 4.000.

¿Y los estudiantes? En Barcelona, de 15.000 sólo 125 se han inscrito en las asociaciones patrocinadas por el Gobierno.

¿Cree el Gobierno de tecnócratas y jefes de empresa que va a resolver así la situación? La crisis no es de Gobierno, sino de régimen, pero esto difícilmente lo comprenderán, al menos por ahora, quienes acaban de estrenar, cual niño sus zapatos nuevos, un poder de decisión en la compleja oligarquía española, que antes era unipersonal.

TELMO LORENZO

Madrid, 1 de noviembre de 1969

La crisis española estaba latente desde hace mucho tiempo. Los conflictos en el Gobierno se agudizaban; el proyecto de Ley Sindical, que pudo aparecer como un pacto entre el grupo falangista y el tecnócrata, está estancado en las Cortes y hay presentadas tres mil enmiendas; los trabajadores y el propio Sindicato oficial, no lo aceptan; las organizaciones sindicales internacionales levantan sus críticas; el obispo Mons. Cirarda, Administrador Apostólico de la diócesis de Vizcaya, ha expresado públicamente su disconformidad.

Franco se ha apoyado en Falange hasta que la ha considerado necesaria o útil. En 1957, con la cautela que le ha caracterizado, introdujo en el Gobierno un refuerzo de tecnócratas (léase influencia Opus Dei), cambio que llevó aparejado restricciones al poder de Falange y disminución de la representación de la extrema derecha católica. Los tecnócratas le ofrecían una renovación dentro del sistema, en oposición a los ideales marchitos de Falange. Así compuesto el Gobierno ha permanecido durante doce años en una situación de equilibrio entre falangistas y opusdeístas; ambas tendencias se toleraban plegándose a la voluntad del jefe del Estado en espera de la oportunidad propicia en que fuera posible desplazar el uno al otro. La oportunidad se ha presentado.

Aunque Falange fue perdiendo poder a partir de ese año 1957, sostenía sus dos fuertes baluartes: el ministro Secretario del Movimiento y representante de los Sindicatos, Sr. Solís, y el efervescente ministro de Información y Turismo, Sr. Fraga; los Sindicatos y la información quedaban en las manos de Falange. Pero la sorda y persistente batalla continuada entre los dos grupos dentro del Gobierno, se ha terminado; Falange queda fuera de combate, eliminada del poder.

Esa crisis fulminante y de una amplitud espectacular, no es -como sostienen algunos observadores políticos complemento de la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco. No nos engañemos; la crisis la ha desencadenado el escándalo financiero de «Matesa». La misma prensa española informaba que miembros del Gobierno facilitaron las operaciones de crédito -no entramos nosotros a analizar si fueron correctas o no. Implicadas en esa monstruosidad financiera, se han señalado personalidades pertenecientes al Opus Dei; elementos falangistas dentro del Gobierno consideraron que la ocasión era única para ganar la batalla que venían sosteniendo durante años y el ministro de Información dio luz verde a la prensa para que marchara a fondo en el asunto Matesa. Pueblo, el periódico de los Sindicatos, es decir, el Sr. Solís, pedía la dimisión de los ministros económicos, esto es, la del ministro de Hacienda, Sr. Espinosa, y la del Sr. López Bravo, ministro de Industria.

Fraga y Solís confiaban en el estupor e indignación del país ante la defraudación de los diez mil millones, confiaban en su fuerza y confiaban sobre todo en el apoyo de Franco. Pero el Opus Dei reaccionó ante el serio peligro del gran escándalo, y con sus reconocidos procedimientos suaves en forma y duros de fondo presentó al general Franco, por conducto del vicepresidente del Consejo, almirante Carrero Blanco, la lista del nuevo Gobierno, cuya paternidad se le atribuye al ministro del Plan de Desarrollo, Sr. López Rodó, preeminente miembro del Opus Dei. Franco se limitó a aceptar.

Quedan sólo cinco ministros del viejo equipo; el Sr. López Bravo, que venía desempeñando la cartera de Industria y cuya dimisión se pedía, ha pasado al ministerio de Asuntos Exteriores; los otros cuatro, bien vistos del Opus, continúan en sus puestos. El Gobierno es compacto. Franco lo presidirá, pero su poder absoluto ejercido hasta ayer, pasa al grupo coherente que ejercerá su hegemonía sobre el jefe del Estado.

¿Qué hará el Gobierno con el proyecto de Ley Sindical? ¿Qué derivaciones tendrá el asunto Matesa? ¿Qué hará con el proyecto estancado de asociaciones políticas? ¿Qué con la libertad de prensa? ¿Qué directrices moverán la represión? La declaración ministerial nada presupone; los únicos puntos que aparecen claros son: estrechar los lazos con los Estados Unidos y mejorar las relaciones con el Mercado Común; es decir, la declaración marca una línea de política internacional; sobre los urgentes problemas nacionales, silencio.

Es aventurado formular juicios sobre el futuro. Si peligroso es el poder en las manos de un hombre, no lo es menos ejercido por un grupo. Sigamos atentos a la labor de los cien días.

Nuevo gobierno en España

MADRID, 31, oct., Ibérica: -Al fin se ha hecho realidad el rumor que corría hace tanto tiempo de inmediatos cambios en el Gobierno, y podemos decir que han sido sorprendentes.

Trece, carteras han cambiado de titular y Falange no conserva más que dos: la de Secretario del Movimiento, que pasa a Torcuato Fernández de Miranda, y la de Trabajo, que pasa a Licinio de Lafuente. A estos dos puestos conservados por Falange hay que añadir uno de nueva creación: el de Asuntos Sindicales, cuyo titular es Enrique García del Ramal. Queda así dividida la representación que ostentaba Solís, como representante del Movimiento y de los Sindicatos.

García del Ramal es falangista poco conocido, está unido a los sindicatos por las secciones económicas y representando a los patronos.

Los que quedan fuera del Gobierno

Quedan fuera del Gobierno: Castiella, ministro de Asuntos Exteriores; Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo y José Solís, ministro del Movimiento y de los Sindicatos, los que han sido sustituidos, respectivamente, por Gregorio López Bravo; Alfredo Sánchez Bella y Licinio de Lafuente, ya citado.

La prensa extranjera y el nuevo gobierno

Del New York Times del 29 de Octubre: -«Las batallas entre los bandos de la Falange y del Opus Dei paralizaban al régimen en importantes aspectos: la regulación de los sindicatos o el control por el Gobierno y ciertos proyectos en Educación, interferidos durante varios años por la lucha de las dos facciones, y así sucedía respecto a las relaciones con la Comunidad Económica Europea, contra la cual el Sr. Solís expresaba sus opiniones ante los Sindicatos».

Del mismo periódico del 30: -«En los últimos, doce años los tecnócratas -más progresistas que los falangistas- han llegado a ser una poderosa fuerza política. Cuando los 14 nuevos ministros tomen posesión de sus cargos, con los cinco que quedan el mando será completo, y el poder de Falange desaparecerá más o menos completamente». «Varios cientos de falangistas han protestado en manifestación contra los nombramientos del nuevo Gobierno después de una ceremonia en honor del fundador de Falange. La policía cargó contra ellos, y cesaba cuando los manifestantes cantaban el himno falangista, pero volvían a cargar al terminar los cantos».

Del International Herald Tribune del 30, editado en París: -«La impresión general es que la constitución del nuevo gabinete representa una gran victoria para los tecnócratas, en especial para Gregorio López Bravo y para el ministro López Rodó. Ambos son miembros del Opus Dei, lo que ha aumentado la creencia de que esa orden seglar constituye en España la fuerza dominante».

Los periódicos franceses Le Figaro, Combat y L'Aurore, coinciden en estas apreciaciones. Le Monde dedica extensos comentarios en primera plana de su enviado especial Marcel Niedergang, los días 30 y 31 de ese mes de octubre, lúcidos y objetivos comentarios e información que ponen al lector al corriente de la situación española ante el nuevo Gobierno.

Sentencias del último Consejo de Guerra (Burgos)

SAN SEBASTIÁN, 23 oct., Ibérica: -El Diario Vasco publica amplia información sobre el último Consejo de Guerra celebrado en Burgos, con la enumeración de las penas que han correspondido a cada procesado:

La sentencia está pendiente de confirmación por la autoridad judicial competente. Se acusaba a todos los condenados de haber prestado ayuda a un supuesto dirigente nacionalista vasco que, según la policía, había dado muerte al citado taxista, cuando el dirigente se escapaba de Bilbao.

Comentarios del obispo de Santander

Monseñor José M.ª Cirarda, obispo de Santander, declaró que la forma en que se ha llevado a cabo ese consejo de guerra, podría «ser un motivo penoso más, dentro de un círculo de mutua violencia, que está causando tanto daño a la vida social y cristiana de la provincia de Vizcaya». El obispo ha acusado al jefe de la VI región militar por haber hecho una declaración falsa al decir que la causa se había celebrado a puerta cerrada a petición del prelado; pero lo cierto es que Monseñor Cirarda no ha hecho jamás semejante petición. Añadía el prelado que «si de él dependiera el juicio se hubiera celebrado públicamente». «Considerado así el asunto se ha procedido de una manera completamente contraria a la letra y al espíritu del Concordato al haberse publicado notas que legalmente no se debieran haber publicado».

Pena de muerte contra un joven vasco

URGENTE LLAMAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. La Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno español, con fecha 29 de octubre, interesando que la ejecución del joven nacionalista vasco Antonio Arrizabalaga no se lleve a efecto. El comunicado dice, además:

Procesan a la esposa de Camacho

MADRID, oct., Ibérica: -Doña Josefina de Camacho, esposa del dirigente don Marcelino Camacho, ha sido procesada por unas declaraciones hechas a La Tribune de Genève. En esta ciudad de Ginebra la señora Camacho había estado esta primavera para solicitar, de la Organización Internacional del Trabajo, que interviniera ante las autoridades españolas a fin de que cese la arbitraria persecución de que es objeto su marido.

Peticiones de indulto

PARÍS, 31 oct. Ibérica: -El Comité Nacional de la Confederación del Trabajo y varias federaciones se han dirigido al Gobierno de Franco y a la Comisión Internacional de Juristas pidiendo sea conmutada la pena de muerte a Arrizabalaga. Asimismo lo han hecho, desde Bruselas, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, la Confederación Mundial del Trabajo y la Comisión Internacional de Juristas. El cardenal Suenes, arzobispo de Malinas, se ha sumado a la petición.

De las provincias vascongadas se envían miles de telegramas solicitando gracia del general Franco. En algunas localidades se manifiestan en la calle muchas personas y hay paros en las fábricas.

Los Colegios de Abogados de Madrid y San Sebastián se han dirigido al Gobierno protestando contra las penas excesivas dictadas por los consejos de guerra.

Por último, la Confederación Internacional del Trabajo se ha dirigido al ministro español de Justicia protestando contra los consejos de guerra y el exceso de penas, y pidiendo le sea conmutada a Arrizabalaga la pena de muerte.

Actividad del Tribunal de orden Público

MADRID, 15 oct., Ibérica: -Han sido juzgados 19 obreros acusados de pertenecer al partido socialista español y a la Unión General de Trabajadores. Se les acusa de haber tomado parte en Suecia y Francia, en conversaciones sobre los problemas del trabajo. Algunos de estos acusados se encuentran en prisión desde comienzos de este año. Los abogados solicitaron la absolución de sus patrocinados, declarando que «si, en efecto, han asistido a cursos sindicales en el extranjero, es porque el sindicalismo democrático y libre no puede ser enseñado más que en los países donde existe realmente».

El mismo Tribunal condenó ayer martes a un año de prisión a José Luis Arrastia Moreno, miembro del partido comunista español. En el mismo día también fueron pedidas por el fiscal penas de cuatro a ocho meses de prisión contra diez personas, entre ellas un sacerdote, acusados de haber participado en una manifestación prohibida en Pamplona el 1 de mayo de 1968.

Irregularidades en la cárcel de La Coruña

MADRID, 10 oct., Ibérica: -De A Voz do Pobo, de Galicia, extractamos: «El promedio del gasto diario de la prisión de La Coruña es de 1.889 pesetas para la manutención de 110 presos». «El presupuesto oficialmente asignado a cada recluso es de 22 pts. diarias, lo que, multiplicado por 104 reclusos nos da la cifra de 2.288 ptas. Si agregamos 6 reclusos en enfermería con un presupuesto de 28 pts., o sea 168 pts. de gasto, obtenemos 2.456 pts. Por otra parte, de cada 10 reclusos 2 deberían pasar cada 15 días a beneficiarse de un superávit para los faltos de vitaminas, alternándose. Pero esto no se hace más que en algún caso raro. Es decir, que las 6 pts. de suplemento, multiplicadas por 12 que deberían beneficiarse diariamente, dan 72 pts. más. Por ingresos y transeúntes hay un promedio de 2 por día, a 22 pts., lo que da otras 44 pts. Es decir, en total: 104 reclusos a 22 pts., 2.288 pts. 6 reclusos de enfermería a 28 pts., 168 pts. Superávit por 12 reclusos 72 pts. Promedio por ingresos y transeúntes, 44 pts. Total, 2.572 pts. El gasto real, como hemos dicho, es de 1.889 pts. ¿A dónde van a parar las 1.683 restantes, que al cabo del año representan la no desdeñable suma de 614.295 pts.?»

Revisión del concordato

PARÍS, 12 oct., Ibérica: -Le Monde de ayer, en un despacho desde Madrid, dice: «El arzobispo de Madrid-Alcalá, Monseñor Morcillo, ha dejado entender claramente, en una carta pastoral, que España y el Vaticano habían empezado a negociar para intentar encontrar una solución a los problemas difíciles que marcan sus relaciones». «Sobre el problema de los obispados sin titular, el arzobispo declara en su carta: "nos alegramos de ver que la provisión de las sedes vacantes progresa con una rapidez moderada"».

Paros obreros

MADRID, 10 oct., Ibérica: -De Nuevo Diario: «En el pozo Entrego, de Hunosa, en Asturias, la mayoría de los picadores no han acudido al trabajo, solicitando un aumento diario de 150 pesetas. Por otra parte, en Lambretta, de Eibar, unos 400 trabajadores han parado a causa de discrepancias salariales con la empresa».

Las Cortes y el asunto Matesa

MADRID, 12 oct., Ibérica: -Ante informadores de prensa el Sr. Iturmendi, presidente de las Cortes, dijo que «la comisión permanente ha acordado, de acuerdo con el art. 15, párrafo segundo, de la Ley Constitutiva de las Cortes, crear una comisión especial para estudiar e investigar el asunto Matesa».

MADRID, 22 oct., Ibérica: -La agencia Europa Press comunica que el juez que «instruye el sumario del asunto Matesa ha dictado auto de procesamiento y prisión incondicional contra Juan Vilá Reyes, Bernardo Vilá Reyes, Luis Banquells y Antonio Trías. El juez especial que entiende en el asunto, don Perpetuo Benedicto Sánchez Fuentes, exige a cada uno de los procesados una fianza de doce millones de pesetas en concepto de posible responsabilidad civil. El juez se ha trasladado a Barcelona, tomando extensa declaración al primero de los procesados, que se encuentra en la enfermería de la Cárcel Modelo. Le acompañaban los dos fiscales nombrados especialmente para este proceso».

El ministro de Educación, abogado de Matesa

BARCELONA, oct., Ibérica: -Nos llega esta información, desde Barcelona, que acogemos e insertamos con todas las reservas: «Desde 1959 don José Luis Villar Palasí, abogado, y actualmente ministro de Educación en España, viene percibiendo, a título de abogado de D. Juan Vilá Reyes, presidente de Matesa, la cantidad de 1.000.000 (un millón) de pesetas mensuales».

Los acreedores de Matesa

MADRID, 4 nov., Ibérica: -Europa-Press comunica que en esta capital se ha celebrado una reunión de más de 250 acreedores privados de Matesa. La reunión ha durado cuatro horas, exponiendo los interesados la situación por la que atraviesan, que califican de dramática, y su preocupación por él futuro de sus empresas como de los obreros que trabajan en ellas.

Dicha agencia recuerda que el número total de los afectados por el asunto Matesa es de 575, con 5.000 obreros en distintas fábricas; se les adeudan unos mil millones de pesetas.

Atentado a una oficina española de turismo

PARÍS, 31 oct., Ibérica: -De Le Monde de hoy: «Tres jóvenes han roto ayer jueves los escaparates de la oficina española de turismo, en esta capital, avenida de Jorge V, 29. No pudieron ser detenidos».

Alarmante información

La emisora WNCN, de New York, transmitió el sábado 25 de octubre, en su emisión de las once de la noche, la siguiente noticia facilitada por la agencia internacional UPI: «La producción de CYCLAMATE, producto substituto del azúcar, ha sido comprada por España».

El Gobierno americano, por conducto del Secretario de Salud, Sr. Robert H. Finch, ha hecho saber el sábado 18 de octubre, en una conferencia de prensa, que el Gobierno había decidido mandar retirar del comercio todos los productos alimenticios que contienen el «cyclamate».

Debemos informar a nuestros lectores que la decisión del Gobierno americano ha sido tomada después de una serie de investigaciones y trabajos llevados a cabo en distintos laboratorios del país y del extranjero, que han demostrado que aparecían en los animales tumores malignos después de habérseles administrado una dosis importante del producto «cyclamate». La cuestión se considera de tal importancia que el Gobierno americano ha señalado ya las siguientes medidas a tomar en plazo breve y están especificadas así:

Desde el 1.º de enero próximo se prohibirán todos los alimentos que contengan dicho producto «cyclamate», y a partir del 1.º de julio de 1970 se prohibirá la venta de los medicamentos que lo contengan. El citado producto no se podrá obtener sino con receta facultativa.

Damos la voz de alarma ante la noticia difundida de haber adquirido España la producción de CYCLAMATE, y pedimos se investigue, por quienes proceda, qué aplicación va a dar el Gobierno español al producto adquirido en esas proporciones.

Buque-escuela ruso en Canarias

MADRID, 17 oct., Ibérica: -El buque-escuela Tovarich, ruso, ha entrado en el Puerto de la Luz, Canarias, en viaje de prácticas. Este buque fue hace años buque-escuela de la marina alemana. El barco permanecerá en dicho puerto canario durante cuatro días, siguiendo después a otros puertos del Atlántico y del Mediterráneo.

Críticas al proyecto de Ley Sindical

PARÍS, 20 oct., Ibérica: -Extractamos de Le Monde:

La democracia cristiana

Los días 5 y 6 de este mes de octubre se reunieron cuarenta personas pertenecientes al grupo de la Democracia social cristiana, la mayoría de Madrid, otras de provincias.

Como animador de la reunión figuraba el Sr. Ramos Armero, notario de Madrid. La reunión tuvo por objeto estudiar la nueva situación, y la nueva estrategia que debe emplearse como consecuencia de la designación de Juan Carlos. Se convino en que D. Juan quedaba definitivamente fuera de juego político, y por consiguiente no interesaba mantener ninguna clase de contactos con los grupos monárquicos-liberales.

Siendo el nombramiento de Juan Carlos un hecho consumado, hay que partir de él para cualquier análisis objetivo. Los reunidos estuvieron de acuerdo en reconocer que las Asociaciones pueden dar mucho juego político.

Parece ser que la nueva estrategia trata de establecer relaciones informales con personas dentro del «entourage» de Juan Carlos, estar atentos al desenvolvimiento de las Asociaciones y ver la posibilidad de sostener algunas en provincias.

Después de la reunión la policía llamó a algunos de los asistentes para que se identificaran, preguntando quiénes habían asistido y qué se había dicho. D. José M.ª Gil Robles no asistió a la reunión.

Dos hechos deben tenerse en cuenta: uno, que la policía no hizo acto de presencia en la reunión; otro, que después de ese interrogatorio, ninguno de los asistentes fue detenido.

Un arzobispo critica la Ley Sindical

ZARAGOZA, 14 oct., Ibérica: -Según la agencia Reuter Monseñor Cantero, arzobispo de Zaragoza, criticó ayer lunes el proyecto de Ley sindical, «estimando que si ese texto marca un progreso en relación con la legislación en vigor desde 1940, no es satisfactorio en lo que sé refiere a la representación y a la autonomía sindicales. El arzobispo de Zaragoza expresó la esperanza de que el proyecto fuera mejorado durante su examen por las Cortes».

Dimite el procurador en Cortes Sr. Tarragona

MADRID, 10 oct., Ibérica: -Don Eduardo Tarragona, procurador en Cortes por Barcelona en representación familiar, en escrito al presidente de las Cortes presentó ayer viernes su dimisión, considerando que había fracasado en su tentativa «de hacer evolucionar al régimen desde que comenzaron las Cortes a funcionar».

En el salón del Centro de Estudios, de Problemas Contemporáneos, de esta capital, y hallándose la sala repleta, el Sr. Tarragona explicó las razones que le han aconsejado presentar la dimisión de su cargo, y que son las mismas que han expuesto las agencias de prensa extranjeras. El Sr. Tarragona ha afirmado que se había dado cuenta de «que los españoles seguían divididos en dos campos irreconciliables» y que las reglas del juego no habían sido respetadas. Durante su mandato ha presentado 159 proposiciones al Gobierno, sin que ninguna de ellas haya llegado a resultado alguno ni merecido una respuesta.

Añadió: «Lo único que he conseguido es ver mi fotografía en los periódicos y ser saludado, en la calle. Creo que es demasiado poco para respetar el compromiso contraído con mis electores».

Sobre el Guernica de Picasso

MADRID, 27 oct. Ibérica: -El Sr. Florentino Pérez Embid, Director de Bellas Artes, en unas declaraciones hechas a la prensa después de un almuerzo, dijo: «El Gobierno del general Franco estima que el sitio del GUERNICA, obra maestra de Picasso, está en Madrid».

Probablemente la mayoría de los españoles ignoran que el famoso cuadro está en New York en el Museo de Arte Moderno y que fue entregado en depósito por Picasso en calidad de préstamo en 1939. Terminada la guerra civil con el triunfo de los causantes de la tragedia, Picasso quiso poner el cuadro a buen recaudo y lo depositó en dicho Museo, repetimos; en calidad de préstamo.

No le será fácil al Gobierno llevar el GUERNICA a España; para ello se hace necesaria una declaración formal de Picasso que anule la declaración hecha oportunamente sobre el ulterior destino del cuadro: «Deseo que el GUERNICA vaya a España cuando España sea libre». El Gobierno de la dictadura española no conseguirá de Picasso otra declaración que la que ha dado. Cuando España recobre su libertad y su democracia, el cuadro podrá recibir allí el homenaje que reclama esa trágica alegoría.

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION (Act of October 23, 1962; Section 4369, Title 39, United States Code).

1. Date of Filing: October 1, 1969.

2. Title of Publication: Iberica.

3. Frequency of issue: On the fifteenth of the month, except August-September, when bimonthly.

4. Location of known office of publication: 112 East 19th St., New York, N. Y. 10003.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers: 112 East 19 St., New York, N. Y. 10003.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor:

Publisher-Louise Crane, 112 East 19 St., New York, N. Y. 10003.

Editor-Victoria Kent, 112 East 19 St., New York, N. Y. 10003.

Managing Editor-None.

7. Owner: Louise Crane, 112 East 19 St., New York, N. Y. 10003.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities: None.

10. Exent and nature of circulation:

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

LOUISE CRANE, Owner-Publisher.