Ibérica por la libertad

Volumen 19, N.º 7, 15 de julio de 1971

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El Presidente de las Comunidades Europeas, Sr. Franco María Malfatti, con motivo de la jornada Europea ha hecho unas declaraciones en Hannover de las que reproducimos los siguientes párrafos:

IBÉRICA es una revista de información y doctrina, cuyo primer número apareció hace 18 años, dedicada a los asuntos españoles. La carencia de información objetiva dentro de España y la parquedad de la información exterior, hacen esta revista indispensable para los interesados en obtener una información veraz y responsable de la vida española en todos sus aspectos.

IBÉRICA ofrece a todos los que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones.

Directora:

• VICTORIA KENT

Presidentes de Honor:

• SALVADOR DE MADARIAGA
• NORMAN THOMAS¹

Consejeros:

• ROBERT J. ALEXANDER
• ROGER BALDWIN
• CLAUDE G. BOWERS²
• WILLIAM EBENSTEIN
• FRANCES R. GRANT
• JOHN A. MACKAY
• VÍCTOR REUTHER
• MANUEL TUÑÓN DE LARA
• ARTHUR P. WHITAKER

IBÉRICA is published monthly on the fifteenth of the month, except August-Sept. when bimonthly, in Spanish, by the Ibérica Publishing Co., 112 East 19th St., New York, N. Y. 10003. All material contained in this publication is the property of the Ibérica Publishing Co., and may be quoted, but not reproduced in entirety.

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En la sala del Congreso de Force Ouvrière de París, se celebró un acto conmemorativo del 14 de Abril y el Primero de Mayo. El acto estuvo organizado conjuntamente por la Alianza Sindical (C. N. T., U. G. T. y S. T. V.) y los partidos Socialista y Acción Republicana Democrática Española.

En dicho acto D. Fernando Valera, actual Presidente del Gobierno Republicano Español en exilio, pronunció un importante discurso dirigido a los republicanos españoles. Faltos de espacio para insertarlo íntegro, reproducimos los siguientes párrafos:

I. Sindicalismo y democracia

Los organizadores de este acto me han invitado a participar en él en representación de todos los partidos republicanos españoles. Celébrase hoy, conjuntamente, la conmemoración del XL aniversario de la República Española, y el 1.º de Mayo, fiesta de los trabajadores.

Me atendré solamente a lo primero, sin usurpar la tarea que corresponde a los representantes de las organizaciones sindicales. No incurramos en el mismo vicio de los regímenes totalitarios que no conciben el sindicato sino como un aparato ortopédico del Estado con que encuadrar, someter, manejar y dirigir a los trabajadores, convirtiéndolos en comparsas del Caudillo, Pretendiente, Príncipe o gobernante de turno. No; los trabajadores son mayores de edad y ciudadanos de pleno derecho, y a ellos incumbe el organizarse libremente para la defensa de sus intereses de clase y para promover la evolución futura de la sociedad hacia sistemas de mayor justicia económica.

En los sistemas totalitarios, aun en los que por eufemismo se apodan socialistas -coroneles socialistas, feudales socialistas, tiranos socialistas, como si fuera posible el socialismo sin libertad, como si el socialismo no fuera por esencia el perfeccionamiento, superación y culminación de las libertades democráticas-, en los sistemas totalitarios, digo, el trabajador desciende a la condición de rebaño.

En los sistemas democráticos y liberales, los trabajadores son, o debieran ser, ciudadanos de pleno derecho, cuya función no se limita a producir, como una máquina más, y a obedecer como esclavos, sino a intervenir con plena iniciativa y responsabilidad, tanto en la vida pública como en la gestión de las empresas; en la vida pública mediante la libertad de organizarse y militar en partidos políticos, y en las empresas ejercitando los derechos de sindicación, de gestión y de huelga, a la espera de las transformaciones sociales que un día pondrán en manos del trabajo organizado, es decir, de los sindicatos y cooperativas, la dirección y administración del proceso económico.

Ahora se ha inventado el vocablo engañoso de participación. Participación política del pueblo, participación económica del trabajador. No nos dejemos embaucar por las palabras mágicas. La participación política es un concepto feudal y reaccionario, que supone la soberanía del rey o del señor, el cual condesciende a otorgar generosamente a sus vasallos el derecho de participar en la cosa pública. Lo contrario de la democracia, en que la soberanía inmediata corresponde a la comunidad política, a la República, la cual delega en sus autoridades representativas la soberanía mediata quia supposita electione a republica facta, se transfiere al gobernante la soberanía que directamente reside en la comunidad, como enseñaban hace siglos los juristas y teólogos de Salamanca.

Ya sé yo que la mera existencia de una República liberal y democrática no resuelve radicalmente los antagonismos de clase, pero sí los canaliza, de manera que la lucha inherente a toda sociedad capitalista -y su transformación o síntesis que nace de esa antítesis dialéctica- se resuelve de manera civil, pacífica y civilizada.

II. El régimen franquista en proceso de desintegración

Pero vamos a mi tema del Catorce de Abril. Catorce de Abril de 1971, porque estamos otra vez en la antesala de la nueva República.

El régimen franquista es ya un sistema en proceso de descomposición, y no digo de podredumbre, porque la podredumbre le viene al franquismo de nacimiento. Nació podrido y podrido morirá. En proceso de descomposición. Examinemos la situación actual de los principales elementos inicialmente constitutivos del glorioso Movimiento.

Los carlistas se situaron ya abiertamente en oposición y hasta en hostilidad al Régimen, como lo prueban las últimas concentraciones de Montejurra. Desilusionados del imposible legitimismo de antaño, han hecho públicas declaraciones en favor de la democracia política, del pluralismo, de la autonomía municipal y regional, del respeto a los derechos esenciales del hombre, de separación de la Iglesia y el Estado...

La Falange aún conserva su armazón burocrática en los sindicatos verticales y las representaciones institucionales de ella derivadas en Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno y Cortes. Con indignación, pero sin rebeldía, se van dejando desposeer de los altos mandos del Ejército, y a regañadientes se resignan a la hegemonía gubernamental del Opus Dei. Pero se resignan.

No ha mucho que en el núm. 208 de El Ciervo, el falangista disidente Manuel Cantarero del Castillo declaraba que: «La Falange ha incurrido siempre en una grave contradicción: ser la extrema izquierda en materia social y económica y, al mismo tiempo, la extrema derecha en materia política. O lo que es lo mismo: pedir "la luna" revolucionaria a la vez que se contribuía a mantener en el Poder, autoritariamente ejercido, a la derecha más conservadora». Exacto, sólo que eso no era una contradicción, sino un convenio.

La Falange ya no es sino el cadáver de sus antiguos delirios imperiales, una burocracia sin alma; en lucha a muerte con el otro fantasma del Opus, políticamente fantasma también, pues que le falta corporeidad de pueblo. Quevedo enseñaba que el alma sin cuerpo no es hombre, sino fantasma, y que el cuerpo sin alma tampoco es hombre, sino cadáver. El espectáculo a que asistimos en el proceso de descomposición del franquismo es una pelea espectral del cadáver de Falange con el fantasma del Opus, una danza macabra que preside impertérrito y estupefacto, sin decidirse todavía a deshacerse en polvo, la momia del Caudillo.

III. La inestabilidad de las nuevas instituciones

Y si eso acaece con los elementos políticos que inicialmente integraron la rebelión contra la República, carlistas, falangistas, monárquicos -luego hablaremos de los eclesiásticos- ¿cuál es la situación de las nuevas instituciones con que se pretendió pérfidamente, por organización no española, impulsar y actualizar el Movimiento agonizante con esta doctrina: «Fomentar la oposición al régimen, dentro del régimen, para asegurar la continuidad del régimen, mejorándolo?». Veamos.

Los Procuradores en Cortes ya están hartos de actuar como coro de amenistas, y se atreven a discrepar y a dimitir. Uno de ellos, el señor Tarragona, renunció con pública protesta a una representación que calificó de «ineficaz y ficticia», y otros, como el Sr. Fanjul, reclaman a voces «la reforma urgente de Las Cortes; en el sentido de que se conviertan en órgano verdaderamente representativo, independiente y con función legislativa y fiscalizadora de la obra de gobierno».

En un reciente coloquio o mesa redonda sobre el asociacionismo, celebrada en el Yelmo Club, el señor Fanjul; refiriéndose a las Instituciones vacías de la Ley Orgánica del Estado, decía: «Se han creado los recipientes, pero no se han llenado con la participación de los españoles, tal y como está previsto en la Ley Orgánica. Ni las Asociaciones familiares, ni los Municipios han calado en el pueblo».

Y el director del diario Pueblo, de Madrid, oráculo periodístico del régimen, en su curioso artículo de 30 de abril de 1970, desliza expresiones crípticas, analizando la situación, como estas: «Lo que se pide es una apertura de otro proceso constituyente», «Parece que se plantea la necesidad de reelaborar la situación». Es decir, que las Instituciones salidas del Referéndum, apenas constituidas están ya en pleno proceso de autocrítica y revisión, o sea de inestabilidad.

La Iglesia hacia la democracia. Es evidente la disensión interna de la Iglesia Católica, y no es preciso insistir. El clero joven, no sólo el vasco, siguiendo la inspiración conciliar, avanza rápidamente hacia posiciones sociales y políticas extremistas y hasta extremadas. Ahora son los sacerdotes los que piden lo que tenían en 1936: la separación de la Iglesia y el Estado.

Tampoco existe ya la unidad de cemento de la jerarquía eclesiástica en torno al régimen. Continuamente se publican -o circulan clandestinamente cuando las censura el Gobierno- cartas de los obispos y arzobispos, y aun del Cardenal Primado, en que se condena con vehemencia la situación social, se aboga por una mejor distribución de la riqueza conforme a la doctrina social de la Iglesia, y se desautoriza a los sindicatos verticales por «falta de libertad, autonomía y representatividad», según el comunicado de la Comisión Episcopal del Apostolado Social, reunida las días 29 y 30 de octubre de 1970.

Conocido es el escándalo que se promovió en las Cortes de Procuradores, en la sesión de 8 de abril de 1970, al aludir el Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Cantero, a la doctrina de las dos Españas y refutar «el pretendido derecho a monopolizar la verdad en materias opinables y que Dios mismo ha dejado a la libertad de los hombres y de los pueblos».

Hasta el Vaticano no disimula su designio de desligar a la iglesia de las responsabilidades del régimen, cuyas estructuras declara que no se armonizan con las actuales orientaciones de la Iglesia Católica. Con razón, pues, en el documento reservado del Consejo Nacional del Movimiento al que antes aludía se reconoce: «el alejamiento de la Iglesia española de las estructuras del Poder civil ha sufrido en estos últimos años una fuerte aceleración». Y «las individuales actitudes de determinados eclesiásticos -algunos de ellos auténticos agentes marxistas-», nos permiten comprender «hasta qué punto parte de la Iglesia española ha dejado de ser factor aglutinante de nuestra sociedad, y la fe católica neutralizante principal de nuestros demonios familiares».

1. El tema-Costa como constante cultural española

Joaquín Costa y, en general, el movimiento intelectual político que se conoce con el nombre de «regeneracionismo» es, sin duda, uno de los fenómenos culturales más polémicos y debatidos de nuestra pequeña historia intelectual. La historiografía política se ha fijado en el costismo como una doctrina-programa que, en gran medida, refleja muy bien las contradicciones y los deseos de cambio de una situación definida por el liberalismo doctrinario monárquico y una sociedad que no respondía ya a este esquema político. Y tal vez por ello el caso-Costa ha trascendido a la propia situación-Costa: ha servido, en muchos años, de bandera política y, más tarde, de pretexto doctrinario de ideologías contrapuestas. Así, hay o se inventa un Costa-liberal, un Costa-tradicionalista, un Costa-socialista e, incluso, un Costa-prefascista.

Un hecho, en este sentido, es evidente: que el caso-Costa mantiene una atención intelectual constante desde principios de siglo hasta nuestros días. Hasta la guerra civil, en la polémica sobre el carácter reformista, revolucionario o contra-revolucionario del costismo intervendrán, prácticamente, los más calificados intelectuales, preocupados por cuestiones políticas o, incluso, protagonistas políticos: Azorín, Ortega, Araquistain, Azaña, etc. Poco antes de la guerra, y durante muchos años de posguerra, la polémica se olvida, como, en general, se olvidan tantos temas ideológicamente conflictivos. Y es en esta última década, de los años sesenta, en donde se reinicia la revisión crítica o la exégesis del costismo con parecidas actitudes diferenciadas como en los años de preguerra. Es obvio que el tema, ahora, tiene unas connotaciones más académicas que de presencia temática ante la opinión pública, pero es curioso constatar que la preocupación afecta más a las personas de las nuevas generaciones, que a las viejas generaciones. Así, abren el camino dos libros: Costa y el regeneracionismo, de Tierno Galván, de carácter crítico, publicado en 1961; y, otro, del mismo año, de Cirilo Martín-Retortillo: Joaquín Costa, propulsor de la reconstrucción nacional, de tono exegético. Y desde estos dos libros que replantean, sin proponérselo, la vieja polémica, han aparecido constantemente libros o ensayos que, de una u otra forma, inciden en el tema: Pablo Azcárate (1962), López Calera (1965), Pérez de la Dehesa (1966), Tuñón de Lara (1968), Fernández Clemente (1969), y, finalmente, Saborit (1970), entre otros.

Una manera de intentar clarificar la ideología costista podría ser la siguiente: analizar las actitudes de los diferentes grupos políticos e ideológicos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ante el costismo. Permitiría, sin duda, obtener unos datos que ayudarían a desmitificar lo que, muchas veces, se ha denominado «el enigma Costa». Es claro que este método de trabajo no es, ni puede ser, exclusivo: es, simplemente, uno de los factores que ayudarían a clarificar una compleja y contradictoria ideología que, por eso mismo, aparece difícil de sistematizar. Dentro de esta hipótesis de trabajo me voy a referir, en estas notas, a la visión del costismo hecha por uno de los exponentes, tal vez, más cualificados del radicalismo democrático de preguerra: Manuel Azaña.

2. Costa y Azaña: un «enlace ideal»

La revisión crítica del costismo y, en un sentido más amplio, del regeneracionismo, hecha desde una posición democrática, y no meramente liberal, como en Ortega, la realizará Manuel Azaña³. Azaña se encuentra, en este tema, como en otros muchos problemas políticos, entre el liberalismo aristocratizante de Ortega y el socialismo, dudosamente marxista, de Araquistain; y, en este punto concreto, más cerca de este último que de Ortega. Azaña, para la confrontación de trabajo, a la que me he referido, es sumamente útil: es, sin duda, la personalidad político-cultural que supo aglutinar a un amplio sector -en el pensamiento y en la acción política- de una burguesía urbana, radical y laica de los años republicanos y casi pre-republicanos. La actitud sobre el costismo será, por ello, uno de los indicadores más valiosos para la clarificación del costismo.

Parte Azaña, desde un principio, del enlace entre el regeneracionismo clásico, el que promueve la situación-98, y su generación. Pero el enlace se define como «enlace ideal», en un doble sentido: como continuadores de la actitud crítico-ética que iniciaron, en su día, los regeneracionistas iniciales Costa, Picavea, Almirall- y, en un segundo lugar, como admiradores de una personalidad excepcional -Costa, en concreto- cuya buena fe no será cuestionada nunca. El respeto a Costa, en efecto, no sólo en Azaña, sino en todos los críticos neo-regeneracionistas -Ortega, Araquistain, etc.- será unánime. Este punto de partida no impide a Azaña -y, con mayor radicalidad, a Araquistain- ahondar en los supuestos ideológicos del costismo y de sus peligros. Azaña, en efecto, replanteará el caso-Costa cuando su programa e «ideario» puede llegar a institucionalizarse o, al menos, cuando puede servir de pretexto político. Concretamente, cuando surge la dictadura de Primo de Rivera, en donde, por muchos, y, entre ellos, por el propio dictador, se ve una versión costista actualizada. Decía, en este sentido, el dictador:

Esta imagen costista del «cirujano de hierro», que se apropia el dictador, era bastante generalizada no sólo en sectores de la derecha que hoy llamaríamos tecnocrática y desideologizada, sino también de ciertos sectores de la izquierda pragmática. Juan Marichal lo ha señalado, a mi juicio, muy acertadamente: «...Recordemos que algunos universitarios importantes, ciertos jefes socialistas y numerosos técnicos y hombres de negocios vieron en el general Primo de Rivera al cirujano de hierro de las ensoñaciones mesiánicas de Joaquín Costa»⁵.

Azaña tiene la percepción clara que este equívoco conviene aclararlo. Y, entre otras razones, por una muy evidente: que las clientelas políticas, objetivadas en clases sociales, no eran muy diferentes a las que se dirigían o pretendían dirigirse ambos políticos: la clase media, las clases neutras en la terminología costista. Es cierto que esta clase social -o clases sociales, por el problema más complejo de relación campo-ciudad- había experimentado cambios y transformaciones: de una posición fuertemente marginalizada y acosada, literalmente, por el sistema económico terrateniente, Iglesia y burguesía (situación-Costa-1900), se había pasado a una actitud de despegue, de concienciación y, obviamente, de movilización política (situación-Azaña-1920). La clarificación es necesaria para efectivizar una estrategia adecuada hacia la pequeña y media burguesía: Azaña pretendía quebrar las conexiones populistas (en el fondo, conservadoras) a que llevaba el planteamiento Costa y desplazar la acción de estos grupos sociales -más los urbanos que los rurales- hacia una «conjunción» con el socialismo. Juan Marichal y Antonio Ramos-Oliveira, desde posiciones críticas e ideológicas contrapuestas, coinciden en señalar esta constante azañista de estrategia política.

El enlace, pues, sirve de punto de partida ético, pero se separa al plantearse, en concreto, el problema estratégico. La coincidencia ética expresa la aceptación de una situación que necesita, igual que en 1900, ser contrastada; la discrepancia estratégica, la necesidad de analizar, a fondo, una ideología que puede confundir a ciertos sectores sociales que deben jugar un papel político claro: hacer cambiar una situación política, pero dentro de esquemas democráticos. Así, textualmente, dice Azaña:

3. El costismo como tradicionalismo

En un principio, Azaña se sitúa en la línea ideológica liberal y orteguiana de criticar el pensamiento regeneracionista -y el costista, en especial- como «historicista», arbitrista y anti-europeo. La ideología de Costa es considerada como una aportación demagógica de los problemas y no expresión de planteamientos reales, que encierra más confusión y arbitrismo que clarificación objetiva; en resumen, que peca más de ingenuidad y buena fe, que de realismo político. Azaña, en esta línea de exclusión de los condicionamientos socio-económicos del pensamiento costista, se sitúa en un plano meramente culturalista de oposición tradición-modernidad. El enfrentamiento Azaña-Costa será, pues, un enfrentamiento político-cultural y no, por el momento, de objetivización clase social-situación política.

Así, dice Azaña:

Con agudeza, Azaña intuye el carácter tradicionalista del costismo: soluciones arbitristas y, en el fondo, conservadoras; reformar el establishment, pero, en definitiva, no cambiarlo. Tradicionalismo que se conecta, lógicamente, con la posición costista de su ruralismo político. Costa, en efecto, expresaba la protesta pequeñoburguesa campesina y los sectores urbanos del comercio medio y pequeño, la gran víctima de la monarquía canovista, pero, en el fondo, psicológicamente se sentía vinculado al campo y a la mentalidad rural. El sector comercial-mercantil será, más bien, un sector asimilado, políticamente coincidente, como sumando a la protesta contra el régimen que inició Cánovas. Así, en la mentalidad costista, los esquemas tradicionales se compaginan con unas fijaciones positivas y, en el orden religioso, agnósticas. Inventa un tradicionalismo que conecta con un positivismo de la época. Azaña, por el contrario, es, en éste, como en otros muchos aspectos, modernidad ideológica, es decir, anti-tradicionalismo: la modernidad radical democrática que toma como modelo el radicalismo burgués de la III República francesa.

La cita que transcribo de Azaña, creo que es bastante significativa:

Separándose del revisionismo liberal de Ortega, y acercándose más a los planteamientos críticos de Araquistain, Azaña introduce inmediatamente nuevos elementos en su análisis. Datos que, obviamente, vienen condicionados por la nueva situación política, a la que me he referido. Ortega opera en una situación en la que el peligro de una institucionalización del populismo costista (dictadura) no se considera viable, aunque se especule intelectualmente sobre ella. Azaña, en cambio, analiza el costismo en un momento de viabilidad efectiva: el derrumbe de la monarquía liberal y la implantación de una dictadura militar monárquica. Y, muy motivado por esta situación, Azaña considerará al costismo como anti-democrático. Anti-democracia que engloba tres supuestos que, a su juicio, definen la ideología costista: revolución desde arriba, elitismo y conservadurismo tecnocrático.

4. El costismo como concepción anti-democrática

El primer ataque a la concepción costista es a su teoría -generalizada en aquella época- de la «revolución desde arriba» y hecha por las minorías. Una revolución desde arriba, para Azaña, es un contrasentido o, en todo caso, es un afianzamiento del statu quo.

Así, dirá:

Azaña intuye lo que podemos llamar positivismo neoconservador costista. Y, como toda concepción positivista, tanto en sus comienzos como en la etapa actual neo-positivista refleja un intento de desideologización política, sustituyendo la ideologización por la programación tecnocrática. La realidad, en Costa, aparece como la objetivización formal de una legalidad; la reforma de esta legalidad, desde esta perspectiva tradicionalista jurídica, tiene unos límites concretos: la no cuestionabilidad de los problemas valorativos de fondo, es decir, de la legitimidad. En otras palabras, al afirmar Azaña que el programa costista puede ser realizado «sin que desaparezca ninguna de nuestras aspiraciones», en definitiva critica la concepción de Costa de marginalizar los problemas ideológicos (forma de gobierno, forma de Estado), y sólo plantearse el problema desde un nivel positivo-concreto. Azaña critica a Costa que no intente plantearse el problema de la legitimidad, sino reformar el statu quo. Tradicionalismo y positivismo llegan, en este sentido, a coincidir: el costismo como la moralización de la política por el camino del reformismo político.

En dos textos de Azaña encontramos, muy claramente, expuestas estas ideas. Dice así:

Y, añade, en el mismo lugar:

Esta revolución de los regeneracionistas conduce, pues, a una frustración. Azaña tiene conciencia, analítica y política, de que las «masas neutras», de las que hablan Costa y los costistas, no hacen las revoluciones, y que se trata sólo, consciente o inconscientemente, de contra-revoluciones. Pseudo-revoluciones que se concretizarán, más tarde, y en el momento de radicalización de las clases sociales, en el fascismo. La tesis que, modernamente, ha desarrollado Tierno Galván -el costismo como prefascismo- se encuentra intuida ya por Manuel Azaña. Azaña piensa y critica ya desde esta modernidad ideológica, del peligro de una dictadura prefascista. El cirujano de hierro costista, tecnócrata y positivista, arbitrista y antiparlamentario, no cuestionando los problemas de fondo, sino la eficacia y el deber, es claramente un dictador militar pre-fascista.

Esta pseudo-revolución es, inequívocamente, por otra parte, elitista y anti-democrática. Sin realizar, todavía, un análisis concreto -que hará en plena guerra civil- Azaña habla genéricamente de la necesidad de las «fuerzas populares» en todo proceso revolucionario auténtico, y señala cómo esto lo excluye y niega el regeneracionismo costista. La oposición a las fuerzas populares -no al pueblo como entidad tradicional- refleja, a juicio de Azaña, el carácter anti-democrático de los regeneracionistas.

Esta cita final puede corroborar lo que venimos diciendo:

RAÚL MORODO

En Zaragoza, a los 83 años de edad, ha fallecido don Miguel Maura y Gamazo, último superviviente del Gobierno provisional de la República Española proclamada el 14 de abril de 1931.

Hijo de don Antonio Maura (varias veces jefe del Gobierno de Alfonso XIII), era un apasionado de la política, y dentro del ambiente conservador que respiraba en la familia su espíritu liberal promovía nobles discusiones. La situación creada por la dictadura del general Primo de Rivera fue el golpe de gracia a su liberalismo. Se dedicó, con los riesgos que esa decisión suya suponía y por la que sufrió incluso en los bienes materiales de su familia, a pulsar la opinión de las provincias a través de conferencias y cambios de impresiones con el auditorio. Asistía con mucha frecuencia a las reuniones que se celebraban en la casa de su hermano Gabriel, donde se reunían fieles amigos de su padre. «Mi instinto -dice Maura en su libro Así cayó Alfonso XIII- me decía que nada ni nadie salvaría al rey de la caída y de la abdicación».

Miguel Maura fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián -17 de agosto de 1930-, Pacto que fue la base del movimiento republicano organizado. Constituido clandestinamente el Gobierno Provisional de la República, se lanzó un manifiesto al país en el que se hacía un urgente llamamiento para salir de la situación de injusticia y degradación en que lo había sumido la dictadura, señalando que para salir de ella no había otro camino que la revolución, asumiendo los firmantes las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno Provisional.

En diciembre fueron detenidos los firmantes. Miguel Maura entró en la Cárcel Modelo de Madrid con sus compañeros. Inculpados los firmantes de un delito de «rebelión armada», se celebró la vista de la causa ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina; el delito fue calificado, después de la vista, de «acto de excitación a la rebeldía». Se impusieron seis meses y un día a cada uno de los inculpados, aplicándoseles la ley de condena condicional, por lo que quedaron en libertad en el acto.

Miguel Maura fue el primer ministro de la Gobernación del Gobierno de la República, cargo lleno de dificultades en aquellos momentos; pero su energía y su fervor republicano le situaron al nivel de las circunstancias. Se han criticado ciertos juicios suyos publicados en un periódico de Barcelona en 1966, sobre la posibilidad de una Regencia en España. Para nosotros esa sugerencia de Maura no empaña su recio republicanismo; la línea de su conducta no varió nunca, y sus fervientes deseos de ver a España volver al camino de la libertad le llevó a buscar soluciones que no pudo encontrar.

No queremos que pase al olvido aquella reunión celebrada en su casa en París en 1944, después de la liberación de Francia, para la que nos convocó a algunos republicanos amigos, supervivientes de la catástrofe, para exponernos su programa de una entrada inmediata en España «desplegando bandera republicana» -fue su frase clave. Los reunidos, contagiados de su entusiasmo, nos declaramos todos dispuestos a seguirle. Fuera o no fuera una aventura, en esos momentos Miguel Maura era considerado por los países europeos como el hombre que podía establecer una situación de equilibrio en España si recibía el apoyo de ciertos elementos de ambos lados de los contendientes en la guerra civil y de los países europeos, que veían con agrado una «solución Maura». Pero el proyecto quedó ahí. Maura no obtuvo las asistencias necesarias. Ésta fue su actitud hasta 1945. Se trasladó al sur de Francia, donde pasó doce años de exilio ocupándose de una modesta fabricación industrial para la que no tenía preparación alguna, negocio del que no sacó rendimientos apreciables.

En 1962 apareció su libro Así cayó Alfonso XIII en el que, a manera de epílogo, da al presunto monarca tres consejos; el último es éste: «No deshaga S. M. sus maletas. A lo mejor no le dan tiempo para rehacerlas el día de la verdad (el subrayado es suyo), y es muy probable, pero mucho, que esa vez no pasen las cosas tan alegremente, tan ciudadanamente como aquel 14 de Abril...». Ese libro es el resumen de la actuación del Gobierno Provisional de la República y por él debe enjuiciarse a Maura. Fue un apasionado de sus convicciones republicanas y el hombre impaciente que intentó sobrepasar los diques que desviaban el destino de su patria.

He creído un deber situar la figura del político sincero, amigo de las horas difíciles y siempre, bajo la luz de la verdad.

VICTORIA KENT

La junta Permanente de Estado de la República Española ha redactado, firmado y hecho pública la siguiente

DECLARACIÓN

1.º -Es de supremo interés nacional mantener el funcionamiento de las Instituciones republicanas, representativas de la última expresión de la voluntad popular;

2.º -La celebración de elecciones sinceras, como lo fueron las que tuvieron lugar durante la era republicana, es el único procedimiento legal para modificar la Constitución de 1931, que es la legítima Constitución de España;

3.º -Tanto la Ley Orgánica del Estado franquista, como la ley de Sucesión, que se ha pretendido consagrar por un simulacro de Referéndum sin garantías de autenticidad, no pueden ser aceptadas ni acatadas como leyes fundamentales del Estado español;

4.º -Por consiguiente, ni el General Franco, ni Don Juan Carlos de Borbón poseen las calidades mínimas exigibles para ser acatados y reconocidos como actual y futuro jefes del Estado, sin inferir con ello un agravio, difícilmente olvidable, a la dignidad del pueblo español;

5.º -Todas los compromisos, tratados y cesiones de territorio nacional suscritos por el Gobierno del General Franco, o que se suscriban por su sucesor eventual, no son válidos ni tienen fuerza de obligar sin su ratificación o rectificación por unas Cortes y un Gobierno auténticamente representativos de la voluntad nacional;

6.º -La Junta Permanente de Estado de la República Española invita a sus compatriotas y a todas las fuerzas políticas afines del mundo, a que denuncien en toda ocasión oportuna y manifiesten su radical oposición a la acción política y diplomática encaminada a instaurar y reconocer en su día, a espaldas del pueblo español, como jefe del Estado a Don Juan Carlos de Borbón, que no sería, que no podría ser, sino el instrumento para estabilizar la dictadura, y

7.º -La Junta Permanente de Estado expresa su reconocimiento emocionado a cuantos sufren condena y persecución en España por combatir la dictadura y por defender las libertades democráticas.

París, mayo de 1971.

Con alborozo y con dudas hemos acogido en esta tierra vasca, tan maltratada por nuestro paternalístico gobierno, la puesta en vigor del art. 18 del Fuero de los Españoles, suspendido durante seis meses por ser malos chicos los vascos; porque estos muchachos dieron lugar a un trabajo extraordinario del Tribunal Militar de Burgos, hondas preocupaciones para el Gobierno; y también son culpables de la marea creciente de los movimientos internacionales en apoyo de estos alocados que, equivocadamente, luchan por la libertad de Euskadi y de toda España, en lugar de prestar sus frescas energías al apoyo y sostén del franquismo al que, en verdad, buena falta le hacen.

Bueno, pues a esta impresión de duda ha seguido otra, no menos profunda, producida por la publicación de la reforma de la Ley de Orden Público, que, como todo el mundo sabe, ha sido precedida, por el buen parecer, de la suspensión del citado art. 18. Esa ley, o reforma de la otra, si ustedes quieren, ha sido aprobada por las llamadas Cortes el 24 de junio. La prensa extranjera, no la española, claro está, titula esta nueva ley -digámoslo así- «nueva ley contra la subversión», pues ella permite que se impongan sanciones más graves a los que cometan delitos que, a juicio de las autoridades, se califiquen de delitos contra el orden público.

«Ingenuos que somos»

Eso dice la prensa extranjera, pero nosotros -ingenuos que somos- abrigábamos cierta esperanza de que, una vez puesto en vigor el famoso art. 18, por el que las personas que sean detenidas deberán ser puestas en libertad dentro de las 72 horas siguientes a su detención si no se incoa contra ellos un proceso formal, esas reformas a la ley no llevarían un espíritu arbitrario y duro, esto es, al menos que no se pudiera permitir ya retener indefinidamente los detenidos sin procesarlos.

Pues bien, la nueva ley permite a los alcaldes sanciones, y a los gobernadores se les permite también poner sanciones más elevadas que las permitidas a los alcaldes. El propio ministro de la Gobernación podrá aplicar duras sanciones, y de no poderse pagar las multas que se impongan, serán castigados los infractores a tres meses de prisión.

Prevé la nueva ley -cosa que no nos asombra- que, llegado el momento de decretar el estado de excepción, los órganos judiciales competentes se constituirán en tribunales de urgencia. Las multas señaladas por la nueva ley son cinco veces más elevadas que las que se imponían anteriormente. Hemos de estar preparados para la nueva etapa, que no será para nosotros, vascos, ni para el resto de España, más fácil de vivir que la anterior.

El camino habitual

¿Es cierto que se ha restablecido el art. 18? Dudamos de que se aplique. Ahí tenemos a nuestro colega Luciano Rincón, periodista honesto y liberal (nos damos cuenta de que este calificativo que hemos añadido es en extremo peligroso, pero ya está dicho). Luciano Rincón fue detenido el 30 del pasado mayo e interrogado durante tres días. A estas fechas en que escribimos estas cuartillas, 26 de junio, no se le ha incoado proceso, que sepamos.

Se le acusa de ser el autor de artículos aparecidos en Cuadernos de Ruedo Ibérico con la firma de Luis Ramírez y de una biografía del general Franco. No se han presentado pruebas de ningún género en apoyo de estas imputaciones. La paternidad de esos artículos no se le puede imputar a persona alguna, por muy liberal que sea, sin que se aporten pruebas de que esa paternidad es real.

Valioso testimonio

Contra estas suposiciones, estas aseveraciones falsas, los directores y colaboradores de Cuadernos de Ruedo Ibérico han dirigido una carta al ministro de justicia, cuyo texto íntegro reproducimos a continuación:

Firman: Xavier Domingo, Francisco Fernández-Santos, Juan Goytisolo, José Martínez, Carlos Semprún, Jorge Semprún, José M. Ullán.

La lucha continúa

Ya lo hemos dicho en otra ocasión y lo repetimos hoy: cada uno en su puesto cumpliendo su deber: los obreros en sus factorías, los estudiantes en sus Universidades, los médicos en sus hospitales, los juristas pidiendo el Estatuto del prisionero político, renunciando a actuar a puerta cerrada; y nosotros, periodistas sin bozal, seguiremos diciendo la verdad con nuestros propios nombres y responsabilidades. Seguiremos honrando nuestra profesión, y caiga el que caiga, otros caerán también. Estamos preparados.

J. OÑATE

AVISO

COMO EN AÑOS ANTERIORES NUESTRA REVISTA NO APARECERÁ EN EL MES DE AGOSTO

La comedia terminará

La reforma de la ley de Orden Público, verdadera arma de guerra del poder ejecutivo contra quienes le molesten y no puedan ser perseguidos por los Tribunales, ha sido aprobada; es decir, sólo falta el requisito de que la máquina de decir «sí» -el pleno de las Cortes- funcione con su eficacia habitual. No solamente la cuantía de las multas gubernativas es aumentada en descomunales proporciones, sino que para recurrir -en súplica o alzada- hará falta depositar la tercera parte de ellas, y en caso de no pagarlas, le podrán ser impuestos al multado tres meses de prisión gubernativa. Todo ello sazonado con agravaciones por reincidencia, etc., etc. La cosa es tal que uno de los procuradores que formaba parte de la Comisión, don Fernando Suárez, decía el otro día que, en cuanto entre en vigor la ley, «voy a tener cuidado con lo que digo porque puedo ir a la cárcel» (en lo que se refiere a los Procuradores, parece que el nuevo Reglamento de Cortes les concederá la inmunidad).

El Secretariado diocesano «Iustitia et Pax» del Arzobispado de Barcelona ha difundido un extenso escrito pidiendo que «el Gobierno reconsidere la modificación de la Ley de Orden Público». Tomando como base la doctrina pontificia, afirma entre otras cosas: «El aumento de multas y penas gubernativas -a todos los niveles de estas autoridades-, la decisión que adoptan estas mismas autoridades sin acudir a los tribunales de justicia ordinarios, el reafirmar la competencia ordinaria para delitos políticos o sociales de la jurisdicción militar y del Tribunal de Orden Público -cuando el IV Congreso Nacional de la Abogacía pidió la unidad de la jurisdicción-, entendemos que crearía ese clima ("de refuerzo restrictivo y represión") que, o agudizaría la exacerbación de nuestra agresividad o paralizaría -por contraposición exagerada- casi toda iniciativa deseable para conseguir ese "pluralismo legítimo" que ponía Pablo VI como condición para "inventar formas de democracia moderna", en la cual esos grupos plurales se transforman con el ejercicio de su propia responsabilidad y libertad en "comunidades de participación y de vida". (Oct. Adv.).»

El clima de represión es una realidad ante la que sería hipócrita cerrar los ojos: El Director General de Seguridad ha hecho un balance de los seis meses con el artículo 18 del Fuero suspendido, que se califica, sin comentarios, por sí sólo: «2.066 personas detenidas». Eso y el decir que «eso de la tortura... es algo que ya nadie cree», es tan de antología como «el golpe asestado a las organizaciones subversivas» de que se jacta igualmente. Este estilo es el mismo del ministro de Justicia, Sr. Oriol Urquijo, negándose, una vez más, a que los presos políticos tengan un régimen especial. Entre otras vulgaridades este señor habla de «una mayoría silenciosa fiel, en lo esencial, al espíritu del 18 de julio». Lo que olvida es que, en otros países -aunque el slogan de mayoría silenciosa sirva para utilizar al sector más indiferente de un país, al servicio del poder establecido-, esa mayoría se expresa, de vez en cuando, por el voto libre a base de sufragio universal, igual, directo y secreto. ¿Por qué no prueba a hacerlo en España el Sr. Oriol Urquijo, si tan seguro está de lo que dice?

La gravedad de la represión española merece que todo el mundo la conozca; no para denigrar a España (a la que tampoco se denigra hablando de la Inquisición o de Fernando VII) sino para desmontar un complot tan peligroso como los subversivos; el de hipocresías y complicidades para enmascarar el carácter fascista, netamente antidemocrático y minoritario del régimen.

Se observa, además, un deslizamiento hacia el sistema de confiar actos represivos a organismos militares. Un Consejo de Guerra ha condenado a seis meses de prisión (el fiscal pedía un año) al periodista del diario Pueblo don Julio Camarero, por un artículo publicado hace un año en el que se contaba que se le había impuesto a don Casimiro Feito (refugiado en país extranjero) en 1942 la pena de muerte por un delito que jamás cometió (el delito en cuestión era «adhesión a la rebelión», es decir, adhesión al gobierno legítimo de España en 1936 frente a una rebelión). Se nos dirá que la pena no es grave, pero su significado es de mucho alcance y demuestra una mentalidad de guerra civil impermeable al paso de los años.

Pero hay algo más insólito. Todos ustedes recordarán que en julio del pasado año, la fuerza pública tiró sobre una manifestación de obreros de Granada, matando a tres de ellos e hiriendo a muchos más; un teniente fue herido a ladrillazos. Pues, bien, en Granada se acaba de abrir la vista de un consejo de guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quienes mataron a tres manifestantes? No; contra los obreros José Sánchez, Antonio Velázquez y Francisco Corcel, acusa dos de «presunto delito de agresión a la Fuerza Armada». Todo esto es un clima, como dice muy bien el Secretariado Diocesano de Barcelona. Como lo es la detención del escritor de Bilbao, don Luciano Rincón, al que se le quiere atribuir, sin pruebas de ningún género, la paternidad de escritos aparecidos con un seudónimo en el extranjero, cuando la realidad es que ese señor publica siempre con su nombre; pero el Sr. Rincón es conocido, eso sí, como persona de ideas democráticas, por lo que ya sufrió un encarcelamiento, y está siempre sujeto a vigilancia y molestado con frecuencia.

Estado general de crítica

Todos estos hechos, en pocos días, no son, no pueden ser aislados. Su acumulación es demasiado grave. Como lo es también el inmovilismo reinante, como lo es la obsesión del vicesecretario general del Movimiento (Sr. Valdés Larrañaga, carnet N.º 2 de Falange, espectro de los tiempos del nazismo) al decir «los partidos no volverán». (Pero... ¡hombre de Dios!, si los partidos están ahí y por eso hacen ustedes leyes represivas, consejos de guerra, jurisdicciones especiales). El clima, está tan degradado que hasta tímidos personajes de «oposición dentro del régimen» se quejan ya de que en las elecciones de procuradores familiares que deben celebrarse en otoño no habrá la menor garantía jurídica ni política. Pero... ¿se extrañan ustedes todavía?, habría que decirles. Hay algo evidente; el régimen es autoritario, oligárquico, sin la menor apertura democrática. Se puede estar de acuerdo con desempeñar el papel de corderito o de eunuco; pero nunca se ha visto que los corderitos o los eunucos se quejen.

Sin embargo, no pocas críticas que se hacen a la luz pública, más o menos crepuscular, tienen su significación, no por las personas o grupos que las hacen, sino porque expresan, de manera atenuada ciertamente, un estado general de crítica, de rechazo al sistema, que no tiene otro cauce legal de expresión. Por ejemplo: el Círculo Doctrinal José Antonio publica un documento, firmado por todos los presidentes de Círculos del país, criticando las últimas medidas restrictivas de los derechos políticos de los españoles o aumentativas del poder de la Administración. «El pueblo español -dicen- no puede conformarse con un proceso de apertura lento porque no se resigna a ser considerado menor de edad en lo político». Esta es una expresión mínima de algo que sienten millones de personas, aunque nada tengan que ver con el falangismo de izquierda ni de derecha.

Hace unos días, en un local de Barcelona, el ex procurador Sr. Tarragona pudo pronunciar una especie de mitin. Le aplaudieron a rabiar. ¿Qué dijo? «La facultad de poner multas cuantiosas y privaciones de libertad a discreción del Ejecutivo, de alcaldes, gobernadores, director general de Seguridad y ministro de la Gobernación no representa el sentir de la mayoría del pueblo español y se corre el peligro de imposibilitar el contraste de pareceres». Y más adelante criticó ásperamente a «quienes no asentándose en una base popular parece ser que aún tienen interés en mantener separada a España en dos bandos: el de los vencedores y el de los vencidos».

La protesta tiene todavía más amplia significación cuando se trata de casos como el escrito de los Decanos de todos los Colegios de Abogados del país, pidiendo concretamente: 1.º, reforma del Código de Justicia Militar; 2.º, estudiar la posibilidad de entablar recurso de contrafuera contra la Ley de Orden Público; 3.º, reiterar la petición de que se supriman todas las jurisdicciones especiales; 4.º, proponer que los abogados tengan derecho a comunicar con sus patrocinados desde el momento mismo de su detención; 5.º, ratificar las comunicaciones cursadas a los poderes públicos interesando sean realidad aquellas conclusiones del IV Congreso Nacional de Abogados que no lo fueron.

Tras el lenguaje, voluntariamente moderado, se expresa la clara oposición de los decanos que, naturalmente, es mucho más impetuosa y radical en una mayoría de abogados.

El conflicto entre estos órganos circunstanciales de opinión (que sólo muy imperfectamente la representan y expresan) y el Poder, ha adquirido, como es bien sabido, tonos muy subidos en la huelga de médicos residentes de hospital en todo el país, concluida -provisional o definitivamente- con la reintegración del director del hospital psiquiátrico de Oviedo y todos los médicos de dicho hospital que habían sido destituidos por hechos de huelga (igual, a pesar de ciertas resistencias, se ha conseguido en Sevilla y otros lugares donde numerosos médicos en huelga por solidaridad habían sido igualmente destituidos). El paro de los médicos ha tocado las fibras sensibles del país; la solidaridad se ha manifestado por doquier y la actitud del Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha sido particularmente enérgica. Además, por primera vez, se han visto ejemplos de solidaridad de los obreros con los médicos; así, un mensaje de varios centenares de obreros de la construcción de Madrid, dirigido al vicepresidente del Gobierno, y otro análogo por parte de cientos de trabajadores asturianos. Sin duda alguna, los elementos oficiales, forzados a retroceder, no se dan por vencidos. La Diputación de Oviedo da ahora la señal de la «caza de brujas», decidiendo que antes de nombrar un médico para los hospitales se haga una información sobre sus antecedentes políticos.

Tampoco podemos ignorar el malestar de los periodistas. De nuevo son numerosos los periodistas madrileños que piden una Junta General, pues esta es la hora en que el presidente, don Lucio del Álamo, no ha informado nada sobre las discutibles decisiones tomadas en la reunión de la Federación Nacional, en Bilbao.

Pero también en los medios de la prensa el descontento ha cristalizado en torno a una peripecia. Se trata de la compra de El Noticiero Universal de Barcelona por un grupo financiero relacionado con la Banca Condal y con el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente cuando ese diario estaba llevando a cabo una campaña crítica respecto al Ayuntamiento. Se dice que este grupo tiene vinculaciones políticas con el que hace meses compró Nuevo Diario: López de Letona, Ruiz Gallardón y otros «fieles», patrocinados espiritualmente por el Sr. López-Rodó, cosa que nos resistimos a creer si es que damos por buenos los propósitos de santificación en la vida pública y privada que miembro de tan alto nivel en la Obra debe tener. Pero, volvamos al Noticiero. Su director, don José Hernández, y toda la redacción se han negado a hipotecar su independencia a los nuevos propietarios del periódico. Las adhesiones a estos periodistas han llovido de todas partes: Asociación de la Prensa de Sevilla, de Barcelona también, 24 periodistas de ABC y otros muchos de distintos diarios de Madrid y provincias. La semana pasada se le entregó un libro-homenaje al Sr. Hernández con firmas y comentarios de periodistas, de profesores y... hasta del Sr. Fraga Iribarne, curioso ejemplar de cierta oposición desde que lo catapultaron de su ministerio. Este mismo hecho muestra la inevitable confusión que se produce en estos asuntos, cuando todos ellos se insertan en un contexto general: el deseo mayoritario de una amplia libertad de información.

Conflictividad con la Iglesia

La conflictividad de los poderes públicos con la Iglesia ha tenido su nota aguda con el rápido nombramiento por la Santa Sede, del cardenal primado Mons. Tarancón, para ocupar provisionalmente (como administrador apostólico) la diócesis de Madrid, hasta ahora «profranquista», vacante por el fallecimiento de Mons. Morcillo. El conflicto se ha producido ahora a nivel Estado-Vaticano y, desde luego, está complicado por la resistencia del Gobierno español a abandonar el privilegio de presentación de obispos y por las dificultades que sigue presentando la tantas veces evocada revisión de un Concordato a todas luces anticuado. Ha sido el ya citado «fidelísimo» periódico Nuevo Diario quien ha pasado a la ofensiva con dos violentos editoriales contra el Vaticano, y Ya quien le ha respondido, al parecer por inspiración del Nuncio. El citado diario considera anormal y hasta ilegal el nombramiento de Mons. Tarancón.

Como síntesis de todos los hechos precedentes es fácil retener el contraste entre la cerrazón del grupo del Poder decidido a todo antes que someterse a la voluntad nacional y una serie de manifestaciones, en apariencia tímidas, pero que no son sino la parte que emerge de la verdadera mayoría silenciosa de España, la del silencio forzado. Porque romper el silencio equivale a enfrentarse con las autoridades administrativas, con la policía, con el Tribunal de Orden Público, con las multas, con la cárcel, con los malos tratos en muchas ocasiones... Hablar libremente es lo que quisieran tantos españoles. También hay, en efecto, los más arriesgados, esos cientos de jóvenes que la otra tarde se manifestaron por Vallecas contra la Ley de Orden Público; los que se manifestaron en los alrededores de Barcelona, los que reparten octavillas, etc. Pero sobre ellos, además de la represión, se cierne el silencio.

Ese silencio se rompe, a veces, cuando la vanguardia -o la masa- que se opone está formada nada menos que de médicos, de abogados, de sacerdotes... y también de estudiantes. Si se trata de obreros tienen que pasar del millar, como los tres mil de la cuenca minera de León o los de Seat, de Barcelona. Volvamos a los estudiantes. La fuerza pública entró en la biblioteca de la Facultad de Medicina el viernes 25 y arrancó unos carteles; respondieron los estudiantes y sobrevino el incidente. Los choques se reprodujeron el sábado siendo detenidos varios estudiantes y clausurada la biblioteca. El lunes por la mañana los locales que utiliza la policía dentro de la Facultad (especie vergonzosa de cuartelillo o comisaría dentro del recinto universitario) han amanecido saqueados, deshechos los muebles y las paredes pintadas de minio con carteles alusivos a los policías. Se dice que también han desaparecido varios documentos.

Elecciones sindicales y conflictos obreros

Nos referíamos a la tensión de origen laboral (aunque no hay razón para que la separemos de la de médicos, estudiantes o abogados sino a efectos del relato). Un hecho significativo es que en este mes de junio, lejos de disminuir ante la proximidad del verano, ha aumentado. Las elecciones sindicales parece que han dado la victoria en las grandes empresas (sobre todo de Madrid) a los candidatos de comisiones obreras. También han salido numerosos grupos no conformistas de diversa índole. Sin embargo, parte de la oposición decidió no participar en ellas, lo que se refleja en los fuertes porcentajes de abstención de Guipúzcoa, y de algunas empresas de Vizcaya y Cataluña. Pero además, una serie de irregularidades ha dado lugar a numerosas protestas. (Seguros, Artes Gráficas, Banca). Más grave que eso son los conflictos abiertos; la firma de la convención del metal de Madrid no ha satisfecho a la mayoría de los trabajadores. Las protestas llegan de todas partes (Telefunken, Deere Ibérica, Marconi, Mazda, etc.). Los mineros de la cuenca de León han estado en huelga cinco semanas (todavía hay mil sin regresar al trabajo). El conflicto más destacado ha sido, probablemente, el de los 7.000 trabajadores de Seat de Barcelona. La empresa (del Estado en gran parte) creyó solucionarlo declarando el lock out para 2.300 trabajadores; luego retrocedió limitando la sanción a 25 obreros; por fin, retiró todas las sanciones y aceptó una parte de las reivindicaciones. Tres fábricas proveedoras de Seat, instaladas en Cornellá, habían ido a la huelga por solidaridad.

También en Barcelona, la fábrica Rubí ha sido precintada tras seis días de encierro voluntario de los trabajadores. Y en Sevilla 190 obreros y empleados de la empresa Los Certales han permanecido dieciocho días encerrados porque la empresa no les paga, hasta que fueron expulsados por la brigada social. En Guipúzcoa hay 2.000 pescadores en huelga, en Santander ha tenido lugar un nuevo plante de camioneros, en el Banco Hispano-Americano hubo huelga parcial como protesta a irregularidades electorales; en el Banco de Bilbao los empleados se agitan defendiendo a sus enlaces elegidos, impugnados por un individuo franquista al servicio de la Dirección; en León los obreros de la construcción protestan porque la «participación en beneficios» es una comedia y no les pagan nada... en Tarrasa hay huelgas en el textil. La tensión social tiene serias dimensiones, sobre todo porque la ausencia de libertad sindical y de derecho de expresión, así como el mecanismo de represión, politizan inmediatamente cada conflicto. Y no deja de tener interés que un consejo de guerra celebrado en Ciudad Real contra dos mineros acusados de insultar a la fuerza pública en una manifestación de varios millares de trabajadores en Puertollano (hace un año) hayan sido libremente absueltos. Ciertamente, el núcleo «activista» y «ultra» del Ejército se encuentra a gusto en la función represiva, pero hay razones para creer que la mayoría de los militares, independientemente de sus ideas políticas, no ven con agrado que se les encomienden funciones que estiman no ser suyas cuando el país no está en guerra.

Un viaje patriótico de lealtad falangista

Y cuando todo eso ocurre y los fieles monárquicos se reúnen a cenar, como ya es tradición, la noche de San Juan, se encuentran con que, en Estoril, Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, se limita a decir «mi silencio, un meditado cumplimiento del deber», añadiendo que tiene la «obligación de preservar en el orden privado la unidad familiar». Lo que ya es mucho decir, equivaliendo a una declaración de sometimiento a los hechos consumados. Y luego, las gentes le cuentan a usted lo enternecedora que ha sido la conversación telefónica que mantuvieron, padre e hijo, el día de la fiesta onomástica de ambos.

El hijo, en aprendizaje de Rey, no fue a la Seat, ni a los Altos Hornos ni a la cuenca minera asturiana; tampoco a las Universidades o a los hospitales en huelga, a las zonas en vías de desarrollo. Fue a Cáceres y, para seguir la tradición del abuelo, también a las Hurdes (esperamos que no haya encontrado un nuevo obispo de Coria del que prendarse, como le sucedió a su abuelo en semejante trance). En Cáceres se le organizó una verdadera «concentración de masas» inciensada por la prensa. Uno de los más ilustres plumíferos del régimen, don Salvador López de la Torre, ha escrito que este viaje ha sido «un referéndum de lealtades falangistas». En efecto, allí estuvieron Vieja Guardia, Alféreces Provisionales y el inevitable general «ultra» en retiro Sr. Pérez Viñeta. Diríase que el Príncipe buscaba en Cáceres su «mayoría silenciosa». Mal negocio, porque es tierra de baja densidad demográfica y en vertiginosa vía de despoblación.

Todo lo antecedente no es una acumulación de hechos aislados, sino partes de un conjunto. Es un «no» rotundo al porvenir, una negativa a aceptar la marcha de los tiempos, ya sea recurriendo a la argucia, ya a la fuerza. No obstante, los más lúcidos del sistema se dan cuenta de adonde puede conducirles semejante política, si política es. Un editorial de un importante diario de la noche decía hace unos días: «un país empeñado en su desarrollo económico ha de saber conjugar la eficacia de sus planteamientos productivos con las exigencias de dignidad de sus ciudadanos. Por ello el orden público no es sólo cuestión de policía».

Los «ultras» del Gobierno (que también los hay en él), del Movimiento o de donde sea echan mano de la pistola cuando oyen hablar de democracia y se autojalean con unos estribillos de los buenos tiempos de Mein Kampf o de Donoso Cortés si a mano viene. Pero los otros, los que se llaman «aperturistas», los que proclaman por ahí que España es un Estado moderno y de derecho (y se guardan en el bolsillo cuando traspasan la frontera lo del «espíritu del 18 de julio») son una pura contradicción y su comportamiento linda con el engaño político. Sus esquemas están bloqueados por quienes tienen realmente el poder. Y ellos callan... y otorgan. Y sigue la comedia -que a veces bordea la tragedia- en medio de un concierto de equívocos, de frases de doble sentido, de leer entre líneas, de «tacitismo» esterilizante y forzosamente adormecedor o incomprensible para la gran mayoría. De esa mayoría tan despreciada y sin la cual no hay desarrollo posible, ni económico ni político.

TELMO LORENZO

Madrid, 29 de junio de 1971

Aún estamos bajo la penosa impresión producida por la presencia del almirante Thomas E. Moorer, Presidente de la Junta de Estado Mayor de los Estados Unidos, en el desfile de la victoria franquista celebrada este año el 6 de junio.

Si el almirante Moorer fue invitado por el capitán general español Manuel Díez-Alegría en la visita que hizo a los Estados Unidos a comienzos de este año, a visitar España, esa invitación llevaba fecha abierta. Posteriormente el almirante Moorer recibió otro requerimiento para asistir el 6 de junio a la celebración de la victoria del general Franco en la guerra civil. El anuncio de esa visita apareció en la prensa londinense el 30 de mayo. El Sr. Moorer llegó a Madrid el sábado 5 de junio expresamente para asistir al desfile que se celebró el domingo 6, festejo pospuesto desde el mes de abril, fecha oficial de la celebración anual de la «victoria», a causa del mal tiempo de lluvia en España.

Evidentemente, después de las visitas de los Presidentes Eisenhower y Nixon, no hay motivo de asombro ante una visita del almirante Moorer a Franco. Pero hay diferencia entre esta visita y las de Eisenhower y Nixon; ambas estaban inscritas en un itinerario de viaje que comprendía varios países, mientras que el almirante Moorer, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, es decir, el militar de más alto rango, ha ido a España a festejar la victoria obtenida por Franco contra la democracia española, contra el régimen republicano que los españoles se habían dado en votación libérrima, en pleno régimen monárquico. Es la primera vez que un jefe del Ejército de los Estados Unidos asiste a ese desfile. El almirante acompañó al general Franco en su palco, presidiendo con él, y con los oficiales superiores del Ejército español, el paso de 14.000 hombres durante hora y media. El desfile estaba integrado por unidades de las fuerzas armadas, propiamente dichas, de la Guardia Civil y de la Legión Extranjera.

La victoria del general Franco fue obtenida por las armas, por las armas y ayuda de los regímenes fascistas de Hitler y Mussolini, guerra que desencadenó contra sus conciudadanos, que le dio el triunfo sobre un millón de muertos. El jefe del Estado Mayor americano ha ido a festejar esa victoria.

Es muy duro para los españoles digerir la frase del Presidente Nixon: España, en las riberas del Mediterráneo, es clave para «la defensa del mundo libre». En esta subversión de valores políticos y morales que presenciamos en el mundo, se puede llegar hasta admitir que países de regímenes totalitarios, que tienen sometidos a sus pueblos a la privación de las libertades básicas del hombre, puedan constituir una garantía para la defensa de las libertades de otros países. ¿Es posible torcer el razonamiento hasta ese punto?

Si hay americanos -como sabemos que los hay- que creen, después de la visita de Nixon a España, que hay que dar preferencia a la defensa del mundo libre, amenazado por la creciente expansión del imperialismo soviético ¿cómo llegarán a interpretar esos buenos americanos, para tranquilizar su pensamiento, las excelentes y positivas relaciones de España con Rusia? Existen tratados comerciales, intercambios de agencias informativas, acuerdos sobre la pesca de barcos rusos en aguas y puertos españoles, la instalación del teléfono directo con Moscú y Leningrado, gestiones preliminares para un intercambio consular entre los dos países, etc. Estamos seguros de que nuestros amigos americanos han de reflexionar sobre estos hechos.

En lo que respecta al almirante Moorer ¿se habrá dado cuenta de que ha ahondado las heridas de la guerra civil, no cicatrizadas aún, desgraciadamente? ¿Se habrá dado cuenta de que su presencia en el desfile ha reiterado la significación del triunfo de la dictadura franquista y la derrota de la democracia española? La impresión en España es que el almirante Moorer ha hecho mal juego para el futuro.

Bajo esta penosa impresión, que hiere aún, se cierne sobre el espíritu de los demócratas españoles un segundo golpe que ha de evocar la tragedia española: la visita, anunciada ya, del Vice Presidente de los Estados Unidos, Mr. Spiro Agnew, el 17 de este mes de julio a España, para asistir a las ceremonias del día 18 para conmemorar la sublevación militar contra la República legítimamente instaurada en España, es decir, contra la democracia española. Es demasiado.

Si el primer golpe dado por el almirante Moorer ha sido duro, este trallazo en las manos del Vice Presidente de los Estados Unidos implica, aprobación de la sublevación militar de signo fascista que tuvo lugar en España en 1936. Esta segunda aprobación de la tragedia española, aprobación subrayada por la segunda autoridad de los Estados Unidos, no pasará en frío por el pueblo español.

Esta segunda, amarga y antipolítica reiteración de la tragedia española, podría producir violentas reacciones contra los Estados Unidos, poniendo en grave peligro las futuras relaciones de ambos países, y, a la vez, esas reacciones pudieran también significar algo para el régimen español.

El almirante Moorer en el desfile de la victoria

LONDRES, junio, Ibérica: -Por una crónica leída en el Evening Star del 30 de mayo, de su corresponsal en Madrid Richard Mowrer, nos hemos enterado de la aceptación del almirante Moorer para asistir el 6 de junio al desfile de la victoria.

MADRID, 9 junio, Ibérica: -El almirante americano Sr. Thomas H. Moorer, llegó a esta capital el 5 de este mes para tomar parte en el desfile de la victoria de Franco. Lo hemos visto el domingo 6, con cara muy complacida, en la tribuna del general Franco presidiendo, con don Juan Carlos de Borbón y altos jefes militares españoles, el desfile de las fuerzas armadas de nuestro país en un total de 14.000 hombres, durante 90 minutos. La visita duró tres días, es decir, vino expresamente para asistir a la celebración del triunfo fascista en España hace 32 años.

El vicepresidente de los EE. UU. al festejo del 18 de julio

NEW YORK, 7 julio: -El New York Times de ayer, en una crónica de Robert B. Semple, Jr., desde Singapur, da cuenta de las declaraciones hechas en dicha capital, a los periodistas, por el vicepresidente de los EE. UU., Sr. Spiro Agnew sobre puntos diversos, con estas dos cuestiones de importancia para nosotros: «El Sr. Agnew califica estos viajes que viene realizando mucho más que como una rutina de viajes de buena voluntad como un esfuerzo para asegurar en Asia y el Mediterráneo que los Estados Unidos persisten como un poder en el mundo pese a ciertas voces aislacionistas de Washington». La crónica termina con este párrafo: «Mr. Agnew marcha mañana para visitar Kuwait, Arabia Saudita y además cuatro naciones africanas, antes de llegar a España el 17 de este mes de julio. (El subrayado es nuestro).

Por otra parte el periódico de California, Los Angeles Examiner, del 7 de junio, insertaba esta breve noticia: «El vicepresidente Agnew será huésped del general Franco para asistir el día 18 de julio a las ceremonias de conmemoración del levantamiento militar del año 1936 que inició la guerra civil -el Gobierno español anuncia».

La noticia exige un comentario que ha de hacerse. (Véase el editorial).

Esfuerzos de los EE. UU. para establecer estrechos vínculos entre España y la OTAN

NEW YORK, 13 junio: -El New York Times de ayer publica una crónica de su corresponsal en Madrid, Richard Eder, de la que reproducimos los siguientes párrafos:

Comunicación telefónica entre Rusia y España

MADRID, 29 junio, Ibérica: -Reproducimos del ABC de ayer:

Se añade que el precio para cada tres minutos es de 400 pesetas con Leningrado y su zona y de 500 para Moscú y la suya.

Préstamo de los EE. UU. a España

PARÍS, 1 julio, Ibérica: -Le Monde de ayer dice que el Gobierno español va a negociar con los Estados Unidos un préstamo de 60 millones de dólares destinado a financiar «el programa de inversión para la defensa nacional». El tratado de amistad y cooperación firmado entre los Estados Unidos y España el 6 de agosto de 1970 prevé una «ayuda financiera americana para la modernización de las fuerzas armadas españolas, cuya modernización se halla frenada por lo insuficiente del presupuesto a ellas destinado».

Se restablece el artículo 18

MADRID, 16 junio, Ibérica: -Reproducimos del ABC de ayer:

Nota de la Redacción: La supresión de este artículo ha permitido también a la policía detener y encarcelar a españoles absueltos ya por un Tribunal.

Declaraciones del ministro español de Justicia

MADRID, 26 junio, Ibérica: -El ABC de hoy publica una entrevista celebrada por Pedro Rocamora con el actual ministro de Justicia, Sr. Oriol, de la cual destacamos esta afirmación del ministro:

Lo que quiere decir, añadimos nosotros, que deben ser tratados todos con las mismas consideraciones humanas.

Protesta contra las declaraciones del ministro

LONDRES, 2 julio, Ibérica: -El periódico The Guardian ha publicado un despacho de su corresponsal en Madrid con fecha 30 del pasado junio, del que reproducimos los siguientes párrafos:

El periódico Le Soir de Bruselas inserta este comentario:

Laicos y sacerdotes se encierran en un arzobispado

OVIEDO, 18 junio, Ibérica: -Cuarenta personas de diferentes puntos de Asturias se recluyeron voluntariamente en la tarde del 15 en el palacio arzobispal como protesta por el encarcelamiento del párroco de Barredos, Carlos García-Huelga. Los encerrados, laicos y sacerdotes, pudieron entrevistarse con el arzobispo, Monseñor Díaz Merchán, y dos días después dejaron el encierro. Pedían que el párroco citado, sacerdote y trabajador en las minas, fuera trasladado de la prisión provincial de Oviedo, donde se encuentra el monasterio benedictino de Samos, Lugo, de acuerdo a las normas del Concordato. El arzobispo prometió hacer las gestiones, todavía pendientes. Dicho párroco se halla detenido debido a su defensa de los trabajadores. Entre los sacerdotes refugiados en el arzobispado había algunos que también trabajan como mineros.

MADRID, 26 julio, Ibérica: -El sacerdote García-Huelga ha sido internado en un monasterio de la provincia de Orense. El abad mitrado del de Samos, a donde el arzobispo de Oviedo pensaba trasladar a dicho sacerdote, se negó a recibirlo aduciendo que García-Huelga «podía perturbar el normal funcionamiento del monasterio de Samos como casa de formación religiosa».

Contra la represión en España

PARÍS, 21 junio, Ibérica: -Según Le Monde de hoy la Liga de los Derechos del Hombre ha dado a conocer un comunicado denunciando las sinuosas maniobras franquistas para decapitar toda resistencia a la opresión. A muchos opositores se les detiene por los días suficientes para que pierdan el empleo, y a otros se les condena a multas que representan tres, seis y hasta doce meses de su magro jornal.

La prensa española y el mercado europeo

MADRID, junio, Ibérica: -El ABC publica unas declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, hechas en la sala de prensa del aeropuerto de Barajas, adonde llegó acompañado del ministro del Plan de Desarrollo, y de cuyas declaraciones insertamos los siguientes párrafos:

«La reunión de la OCDE -dijo el Sr. López Bravo- ha tenido un interés superior al de los años anteriores». «El telón de fondo de dicha reunión lo constituyó el tema de la ampliación del Mercado Común, tema que suscitó intervenciones muy politizadas, que reflejan las distintas posiciones de los veintitrés países miembros».

El ministro desmintió que en su visita a París hubiese tratado el «tema Stans», calificando las declaraciones del ministro de Comercio norteamericano, Mr. Maurice Stans, de «improvisadas, en parte desafortunadas, en parte mal interpretadas y a las que no hay que conceder particular importancia».

En El Correo Catalán, de Barcelona, leemos lo siguiente:

La CIOSL impugna poderes de delegados

BRUSELAS, 23 junio, Ibérica: -El boletín Noticias Sindicales de la CIOSL del 15 de este mes, publica una información de la que reproducimos lo siguiente:

La Confederación Internacional de Sindicatos Libres ha impugnado el derecho de los sedicentes representantes de los trabajadores de Grecia, España y Portugal a asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo inaugurada el 2 de este mes en Ginebra. Las delegaciones que asisten a esta Conferencia son tripartitas: delegados que representan al gobierno, delegados que representan a las organizaciones empresariales y delegados que representan a las organizaciones obreras.

El régimen griego ha tomado medidas para asegurarse que los delegados del movimiento sindical del país sean simpatizantes del Gobierno, habiendo sido disueltos los sindicatos que existían antes. La situación de España es idéntica. No sólo protesta la CIOSL desde hace muchos años contra la violación de los derechos sindicales en ese país, sino que esos hechos han sido comprobados por un grupo de estudios de la GIT. Igualmente han sido impugnados los poderes del delegado de los trabajadores y de los asesores técnicos designados por el Gobierno portugués, pues ni los trabajadores portugueses ni los de las colonias disfrutan de derechos sindicales.

Una conferencia de Jean Rey

PARÍS, junio, Ibérica: -El alto representante de la Comunidad Europea, Sr. Jean Rey; ha dado una conferencia en Atenas sobre los «Fundamentos ideológicos de la construcción europea». Asistieron a dicha conferencia varios ministros griegos. La conferencia terminó con un gran escándalo; los ministros acusaron al Sr. Rey de haber transformado la conferencia en discusión política. El conferenciante expuso la finalidad de la Comunidad Europea, afirmando que «la Comunidad no es solamente un conjunto de intereses materiales de personas que aspiran a enriquecerse sino, principalmente, un conjunto de pueblos que aman la libertad y no pueden aceptar como miembros en su círculo más que a aquellos que se inspiran en el mismo ideal». Es inadmisible, aunque explicable, que esos ministros que asistían a la conferencia promovieran el escándalo.

Presos políticos en confinamiento solitario

LONDRES, junio, Ibérica: -Del diario The Times de esta capital, extractamos la siguiente información:

Condenan a 23 acusados

MADRID, 19 junio, Ibérica: -El Tribunal de Orden Público ha condenado a 23 de los cuarenta acusados de Santander por asociación ilegítima y actividades contra el régimen, éstas últimas negadas por muchos de ellos.

El Tribunal había prohibido a los acusados y a sus defensores hacer referencia a las torturas sufridas. Dos abogados franceses, del Tribunal de Toulouse, Sra. Simone Gardés y Mr. Malet, asistieron como observadores en nombre de la Asociación Internacional de Juristas demócratas y del Comité francés España, de Toulouse, cuando tuvo lugar el proceso, el 17 y 18 de mayo último.

Las condenas fueron de tres meses a ocho años de prisión; varios multados además con diez mil pesetas. Entre ellos hay numerosos católicos, miembros de la Acción Católica de Fraternidad Obrera, y son obreros de la industria metalúrgica y de fibras sintéticas. Todos son vecinos de Santander.

Conclusiones de la Asamblea del clero

SEVILLA, 27 junio, Ibérica: -La Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes, que continua reunida en esta capital, en la casa de ejercicios San Juan de Aznalfarache, ha aprobado entre otras, la siguiente conclusión: «Debemos ser ciudadanos corrientes sin privilegios, salvando las funciones específicas sacerdotales».

El ABC de Madrid, de ayer, dice que

Acto de propaganda comunista

PARÍS, 21 junio, Ibérica: -El Partido Comunista Francés celebró ayer, en la cercana localidad de Montreuil, un mitin antifranquista, de «solidaridad con la España indomable». Se calcula en cincuenta mil personas las asistentes, e hicieron uso de la palabra, por este orden, Etienne Fajon, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri y Jacques Duclos.

Según L'Humanité, «asistieron al mitin París y toda España, representada ésta por las decenas de miles de castellanos, catalanes, vascongados, gallegos y andaluces, que llegaron desde el fondo de sus lugares de exilio».

Los oradores españoles (Ibarruri y Carrillo) hicieron hincapié, respectivamente, en la resistencia nacional y, en «la única solución, la democrática»; en cuanto a los dos dirigentes comunistas franceses, ambos insistieron en la solidaridad de los dos partidos y de los dos pueblos y en la amnistía.

Reunión de los partidos socialistas de España, Grecia y Portugal

PARÍS, junio, Ibérica: -En la primera quincena de este mes se han reunido aquí representantes de los partidos socialistas de España (PSOE), de Grecia (USD) y de Portugal (ASP); para examinar la situación de sus países en relación con las perspectivas de la unificación europea, y adoptaron los siguientes acuerdos, que extractamos:

Por el contrario, una Europa democrática, que se negara a contraer compromiso alguno contrario a los intereses de los pueblos, podría desempeñar un gran papel en favor de la libertad de España, Grecia y Portugal.

Piden intervención de la Iglesia

PARÍS, 2 julio, Ibérica: -Copiamos de Le Monde de ayer:

Arrestan a un escritor

PARÍS, junio, Ibérica: -Le Monde da la noticia de haber sido detenido en España el escritor Luciano Rincón, a quien se le acusa de haber publicado, con el nombre de Luis Ramírez, un artículo en la revista que en español se publica en esta capital, Cuadernos de Ruedo Ibérico, cuyo artículo, afectante a la sucesión de Franco, fue considerado injurioso por las autoridades franquistas. El Sr. Rincón niega haber utilizado ese seudónimo, afirmando que los libros que ha publicado en ediciones Ruedo Ibérico han sido siempre bajo su propio nombre.

El Sr. Rincón, desde el encarcelamiento que sufrió hace unos años por manifestar en cierta ocasión sus ideas democráticas, ha estado sujeto a vigilancia, inspección de su correspondencia y molestias frecuentes de la policía.