Biografía de Felipe González sobre su pensamiento europeo (Sevilla, 1942)
Por Antonio Moreno Juste (Universidad Complutense de Madrid) y
Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid)
La completa definición de la posición internacional de España y la integración en Europa tuvieron lugar en los 14 años de Gobierno, entre 1982 y 1996, de Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una de las figuras clave de la Transición democrática y de la modernización experimentada por el país en múltiples campos. Su gestión al frente del Gobierno -la traumática reconversión industrial de los años ochenta, las medidas sociales de signo izquierdista seguidas de recortes y reformas con criterio liberal, el ingreso en las Comunidades Europeas y el referéndum sobre la permanencia en la OTAN-, jalonó una gestión contestada en múltiples ocasiones y que, en buena medida, representa unas transformaciones ideológicas y programáticas personales, tendentes a la moderación. Tras cuatro victorias consecutivas –dos de ellas por mayoría absoluta- González no fue capaz de remontar el lento declive electoral de su partido, erosión que estimuló un tropel de escándalos de corrupción, las turbias ramificaciones de la guerra sucia contra el terrorismo de ETA, los desequilibrios financieros y el elevado desempleo.
Abogado laboralista de profesión, nació en Sevilla el 5 de marzo de 1942. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, licenciándose en 1965, y asistió el año previo a un curso de Economía en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). A su regreso a Sevilla, en la primavera de 1966, fue profesor ayudante de Derecho Laboral y Sindical en la Facultad de Derecho de esa Universidad donde permaneció hasta 1971. Al mismo tiempo comenzó a ejercer la abogacía en 1968.
En 1962 se afilió a las Juventudes Socialistas, en el momento de su reorganización clandestina en Andalucía. Dos años después, ingresó en las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al año siguiente ya formaba parte del comité provincial del partido. En 1971 su participación en manifestaciones contrarias al régimen de Franco le acarreó una detención policial.
La compleja situación interna del PSOE estalló en un conflicto entre la dirección en el exilio de Rodolfo Llopis, secretario general del partido desde 1944, y la organización del partido del interior en agosto de 1972, conflicto que se trasladó al XXV Congreso del partido, celebrado en la localidad francesa de Toulouse, y que se materializaría en la división del PSOE entre Históricos y Renovados, siendo Felipe González elegido para la Comisión Ejecutiva. Dos años después, en octubre de 1974, el XXVI Congreso, reunido también en Francia, en Suresnes, le elegiría para la Secretaría General, tras la renuncia de Nicolás Redondo por ser para él prioritario su trabajo al frente de la UGT. Entonces las delegaciones de Vizcaya y Guipúzcoa decidieron apoyar a Felipe González como primer secretario. Al regresar a Sevilla, después del Congreso, fue detenido el 26 de noviembre de 1974, siendo puesto en libertad.
A comienzos de 1975 se estableció en Madrid. Felipe González fue ratificado como primer secretario del PSOE por el XXVII Congreso, el primero celebrado en España desde la Segunda República, que se reunió en Madrid en diciembre de 1976 con asistencia de los principales líderes socialistas europeos, Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky, Pietro Nenni y Michael Foot, entre otros.
La legalización del PSOE, en febrero de 1977, permitió a González concurrir a las primeras elecciones generales democráticas, el 15 de junio de ese mismo año, obteniendo el 29,2% de los votos y 118 escaños, y colocándose el PSOE como la segunda fuerza del Congreso de los Diputados.
En el XXVIII Congreso, el 17 de mayo de 1979, González presentó una ponencia transformadora que salió derrotada. Por ello dimitió y una gestora interina se hizo cargo de la dirección. Pero en septiembre del mismo año, un Congreso Extraordinario le repuso en la Secretaría General con el 86% de los votos y además vio refrendada su propuesta. La victoria de González fue total, al conseguir que el partido renunciase al marxismo y se configurase como una organización federal, amoldada al incipiente Estado de las autonomías en la articulación territorial de España. Postulados bajo los que González pretendía hacer del PSOE un partido moderno e interclasista, en línea con el resto de Europa. No puede olvidarse, en ese sentido, que desde el 7 de noviembre de 1978, González era nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista, cargo que conservaría hasta 1999.
El crecimiento electoral del Partido Socialista se hizo patente en las municipales de 3 de abril de ese mismo año, en que ganaría en más de un millar de municipios y pasaría a gobernar muchas de las principales ciudades de España. Durante el intento de golpe de Estado perpetrado por un sector involucionista del Ejército y la Guardia Civil en febrero de 1981, el llamado 23-F, González vivió un apurado trance personal al ser uno de los dirigentes políticos separados de su escaño en el hemiciclo del Congreso y confinado en una sala aparte. Consolidado como una alternativa de gobierno en las legislativas del 1 de marzo de 1979, ocasión en la que alcanzó el 30,5% de los votos y los 121 diputados, el PSOE obtuvo una victoria arrolladora en las votaciones del 28 de octubre de 1982 con el 48,3% de los sufragios y 202 diputados. El vuelco del panorama político supuso para el PSOE el regreso al poder ejecutivo que había ocupado por última vez en 1939, cuando la victoria de Franco en la Guerra Civil puso fin al Gobierno presidido por Juan Negrín.
El lema de campaña «Por el Cambio» abrió, en amplios sectores de la sociedad española, esperanzas de mejoras y transformaciones a todos los niveles, en un país que en numerosos aspectos arrastraba un considerable retraso en relación con las democracias más consolidadas de Europa occidental. En esta primera legislatura de gobierno, con abundantes decisiones ejecutivas y novedades legislativas, los socialistas desarrollaron una política orientada, por un lado, a profundizar y asentar la democracia, y, por otro lado, a impulsar una importante serie de reformas, que llevaron a bautizar estos años como la «década del cambio».
En el terreno social, el país inició un proceso de modernización dirigido a cimentar el Estado del Bienestar. De una parte, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de julio de 1985, a la que siguió en octubre de 1990, ya en la tercera legislatura socialista, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que reestructuró la enseñanza secundaria y universalizó la educación pública gratuita hasta los 16 años. De otra parte, se desarrolló un amplio sistema de Seguridad Social integral y sostenido por las cotizaciones de los afiliados. La Ley General de Sanidad (1986) cambió el modelo de sanidad pública en España que se reformuló como un derecho ciudadano universal, de carácter ineludible. Asimismo, se aprobó la despenalización parcial del aborto y se llevó a cabo la delicada reforma y profesionalización del Ejército, la «transición militar».
En el ámbito económico, el Gobierno realizó en el sector productivo reformas estructurales. El elemento más visible de este proceso fue la reconversión industrial en sectores como el de la siderurgia, la construcción naval o la industria química, muy contestados y con enormes costes sociales. Si bien su pragmatismo económico junto a una política social activa, les llevó a ganarse la confianza de la patronal y permitió la firma con los sindicatos de un Acuerdo Económico y Social (1984), ello no impidió que se convocaran hasta cuatro huelgas generales (en 1985, 1988, 1992 -esta de media jornada- y 1994: contra la reforma de las pensiones, contra el plan de empleo juvenil y la política económica del Gobierno, contra la reforma laboral, y contra la reforma del subsidio de desempleo, respectivamente).
Al final de la primera legislatura, el balance era agridulce para González. Era mayoritaria la sensación de que lo más duro de la reconversión industrial ya había pasado y que el futuro inmediato, ya como miembro de la Comunidad Económica Europea, forzosamente tenía que traer mejoras en materia de crecimiento y de empleo. Sin embargo, el paro era la gran asignatura pendiente, su tasa no había hecho más que aumentar desde la restauración de la democracia y esta tendencia continuó sin apenas tregua en los tres primeros años de Gobierno socialista: de los 2,28 millones de parados que había en diciembre de 1982 (tasa del 16,6%, según la Encuesta de Población Activa) se pasó a los 3,05 millones (el 21,6%) en el primer trimestre de 1986. El precio social de la reforma estructural había sido elevadísimo.
Ante esta situación, González decidió adelantar las elecciones generales al 22 de junio de 1986 y en ellas el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta con el 44,1% de los votos y 184 diputados. Tras la victoria, González se permitió vislumbrar un mejor futuro económico: si bien la macroeconomía funcionaba, pasando el quinquenio 1985-1989 por una fase de crecimiento expansivo (con el pico en 1987, cuando el PIB aumentó un 5,5%) acompañada de una inflación globalmente a la baja (aunque todavía por encima del 5%) y de una entrada masiva de capitales financieros extranjeros (captados por los tipos de interés fijados por el Banco de España, entre los más altos de la OCDE, que convertían en muy atractivas las emisiones de deuda pública y las inversiones españolas a plazo), los sindicatos entendían que la prosperidad de los números se hacía a costa del bolsillo y las condiciones labores de los trabajadores. Observadores terceros, sin embargo, matizaron ese crecimiento tras el que había muchos movimientos especulativos de capital a corto plazo e inversiones agresivas en busca de la máxima rentabilidad. Asimismo, ese nuevo dinamismo económico era coincidente con la llegada de los primeros fondos estructurales europeos, de los que España iba a ser un gran beneficiario.
Por otra parte los gobiernos de González completaron la definición de la posición internacional de España. La diplomacia española adoptó un estilo no especialmente distintivo y, antes bien, rechazó el unilateralismo y la no alineación, renunció a casi todas las reservas de excepcionalidad nacional y buscó la plena participación en el concierto de países occidentales, que era, por geografía, cultura e historia, el ámbito propio de España; allí estaban sus principales socios comerciales y allí esperaba apoyarse para superar su retraso tecnológico. La estrategia internacionalista de González tuvo su definición máxima en la inserción en las estructuras euro-atlánticas.
En cumplimiento con un compromiso electoral, aunque en realidad doblegado por la presión de una de las sociedades más pacifistas y antimilitaristas del continente, González convocó, para el 12 de marzo de 1986, el referéndum sobre la OTAN que no tenía carácter vinculante pero que conllevaba el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno; si González lo perdía, su situación, con las elecciones generales a la vista, sería muy comprometida. La decidida implicación del Presidente resultó decisiva para el vuelco del electorado, que finalmente aprobó la permanencia en la OTAN en las condiciones fijadas por el Gobierno. El sí a la OTAN ganó con el 52,5% de los votos.
No obstante, la piedra angular de su política exterior fue la entrada en las Comunidades Europeas. El 12 de junio de 1985, tras seis años de arduas y sinuosas negociaciones, en las que Madrid hubo de abrazar el ámbito jurisdiccional del Consejo de Europa, adaptar sus estructuras productivas sometidas a proteccionismo y vencer las resistencias francesas por la competencia que entrañaba el potente sector agrario español, González firmó, en el Palacio Real de Madrid, el Acta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). El ingreso formal en las Comunidades Europeas tuvo lugar el 1 de enero de 1986, a la vez que la incorporación de Portugal.
Singular importancia en el ámbito de la política europea tuvieron las presidencias de turno del Consejo del primer semestre de 1989, y durante el segundo semestre de 1995. Tras la caída del Muro de Berlín, González se perfiló además como uno de los líderes europeos que, con más claridad, apoyó la reunificación de Alemania pilotada por el canciller Kohl en 1989-1990. El peso específico de España y la influencia de González en la nueva Unión Europea tras Maastricht (desde noviembre de 1993) fueron parejos a su adscripción a las tesis más europeístas. En mayo de 1993 fue galardonado con el Premio Carlomagno, que recogió en la ciudad alemana de Aquisgrán por su contribución a la unidad europea. En 1994 los gobernantes europeos barajaron seriamente al socialista español como el líder idóneo para sustituir al socialista francés Jacques Delors al frente de la Comisión Europea, pero González descartó esta posibilidad, refutando a quienes pensaban que no iba a desaprovechar una oportunidad para abandonar el Gobierno y entrar por la puerta grande de Europa.
De vuelta a la política nacional, y con la suficiente retrospectiva, puede situarse en el arranque de la tercera legislatura con mayoría socialista el principio del largo y lento declive de la presidencia de González, que medios de comunicación españoles, con una intención peyorativa por lo general, dieron en llamar la «era felipista». El 5 de abril de 1990, el Presidente planteó en el Parlamento una moción de confianza con la idea de propiciar una «especial política de diálogo» con las demás fuerzas políticas que permitiera al Gobierno crear un marco económico competitivo y progresar en el capítulo de las autonomías. González obtuvo el apoyo del Congreso por 176 votos favorables, 130 en contra y 37 abstenciones, resultado mediocre que puso de manifiesto la soledad del PSOE.
A partir de aquí, la progresiva degradación económica y financiera, acompañada de una sucesión de escándalos de corrupción protagonizados por conocidas figuras pertenecientes al partido o vinculadas al mismo desde la administración pública y la empresa privada, pautaron esta tendencia a la baja. Tras los fastos del año fetiche de 1992, con el triple acontecimiento de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, que vocearon al mundo los grandes avances experimentados por España en la década socialista, sobrevino una resaca que prenunció nuevos y profundos sinsabores.
El país se sumergió en una grave crisis económica y financiera por la fatal conjunción de una moneda débil (devaluación acumulada del 13% en el tipo de cambio central de la peseta en el Sistema Monetario Europeo por culpa de los ataques especulativos de septiembre de 1992 y mayo de 1993 en el mercado cambiario), un crecimiento anémico y finalmente negativo (1993 cerró con una recesión del 1,1%, si bien la recuperación comenzó ya en el último trimestre de ese año y 1994 registró un crecimiento promedio del 2,3%) y unas cuentas del Estado profundamente desmejoradas (el déficit público se desmandó hasta bordear el 7% del PIB y la deuda pública consolidada del conjunto de las administraciones públicas rebasó el 60%), alejando a España del cumplimiento de los criterios de convergencia de la UEM. Bruselas recordó reiteradamente a Madrid que, sin una estricta disciplina presupuestaria y fiscal, la sustitución de la peseta por la moneda única europea en enero de 1999 corría serio peligro.
En paralelo, el PSOE y el Gobierno empezaron a ser pasto de los escándalos de corrupción, sumiendo a su líder en un estado de desánimo y mutismo. Se sucedieron en cascada las revelaciones comprometedoras de un sector hostil de la prensa así como las acciones políticas y judiciales, dando lugar a comparecencias parlamentarias, dimisiones, procesamientos, juicios, encarcelamientos y hasta fugas al extranjero. Hasta el final de la etapa socialista, seis miembros en ejercicio del Gobierno tuvieron que renunciar, al cuestionarse en mayor o menor medida su trabajo político o su probidad personal.
El 6 de junio de 1993 se celebraron elecciones generales anticipadas que, por vez primera desde 1982, colocaron al PSOE en una mayoría simple (38,8% de los votos y 159 diputados) que hizo precisa la búsqueda de apoyos parlamentarios en los partidos nacionalistas moderados que gobernaban en Cataluña (CiU) y el País Vasco (PNV) para asegurar la gobernabilidad de la V Legislatura.
En diciembre de 1995, en la recta final de su mandato y coronando la presidencia semestral española del Consejo de la UE, brilló especialmente el protagonismo exterior de González. Madrid fue el escenario de tres importantes eventos: la firma de la Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos, junto con el presidente Bill Clinton y el presidente de la Comisión Europea Jacques Santer, el día 3; el Consejo Europeo, que aprobó el nombre de euro para la futura moneda común europea, los días 15 y 16; y la firma, por los respectivos ministros de Exteriores, del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y el MERCOSUR, el día 15. Poco antes, el 27 y el 28 de noviembre, Barcelona había acogido la I Conferencia Euromediterránea (CEM), cita que supuso el nacimiento del Partenariado Euromediterráneo y el arranque del llamado Proceso de Barcelona.
En el ámbito de la política nacional, la situación era muy diferente. Acosado desde múltiples frentes, González encajó mal las acusaciones de conocer y tolerar las numerosas irregularidades e ilegalidades cometidas en su entorno, y las consiguientes exigencias de dimisión, adoptando una actitud de resistencia a ultranza con referencias a la persecución en toda regla que, en su opinión, sufrían él mismo y el partido socialista por parte de una poderosa alianza de periodistas, jueces y elementos políticos conservadores. Lo cierto era que los casos de corrupción sobrepasaron los ámbitos del Gobierno y el PSOE, y afloraron en otros partidos, incluido el principal de la oposición, el PP, organismos del Estado, administraciones autonómicas y corporaciones privadas. La percepción por la población de que la corrupción podría ser generalizada puso en tela de juicio el conjunto de las instituciones y el funcionamiento interno de los partidos políticos. En el bienio 1994-1995 el clima político nacional se crispó extraordinariamente y González se sumió en su momento más bajo.
En este clima, el 3 de marzo de 1996 se celebrarían las elecciones para la VI Legislatura y Felipe González era candidato al Gobierno por séptima vez consecutiva. Tras cuatro legislaturas y trece años y medio como Presidente del Gobierno, el PSOE perdió las elecciones con el 37,6% de los sufragios y 141 escaños, terminando su mandato en mayo de 1996. Sin duda alguna, la crisis económica, el descontento con algunas de las medidas adoptadas, el desgaste tras muchos años de gobierno y el hartazgo de la población ante los escándalos y casos de corrupción del partido (como Filesa, Ibercorp, el caso Juan Guerra o Luis Roldán y la guerra sucia contra ETA, entre otros), con varias dimisiones de ministros, no sólo provocaron un duro enfrentamiento con la oposición, sino que también minaron la confianza de los electores en el PSOE y en su gobierno y se tradujeron en una derrota electoral.
Como líder de la oposición, González, ofreció perfil relativamente bajo, anunciando su renuncia a la Secretaría General del PSOE, tras 23 años de ejercicio, en el XXXIV Congreso, en junio de 1997, y en enero de 1998 rechazó definitivamente ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales a celebrar en el 2000, siendo elegido nuevamente como diputado por Sevilla. Sin embargo, absorbido por una densa agenda internacional de carácter privado, tuvo una baja presencia parlamentaria, retirándose tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, a las que ya no se presentó. Anteriormente, en julio de 2000, rechazó el puesto honorífico de presidente del partido, continuando ligado a la dirección del partido como miembro del Comité Federal, y en febrero de 2009 aceptó formar parte del nuevo Consejo de Política Internacional y Cooperación del PSOE, concebido para apoyar la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el ámbito europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Consejo Europeo en Bruselas de diciembre de 2007, designaron a González presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa, también llamado Comité de Sabios, cuya misión fue estudiar y proponer respuestas a los retos que la Unión iba a hacer frente a largo plazo, concretamente en el horizonte de los años 2020-2030.
Alejado de la vida política española, ha desarrollado desde entonces una densa agenda internacional dedicándose también a la actividad privada y a la Fundación que lleva su nombre.