Aquella fundación mítica que nos cuentan las fuentes, relacionada con el exilio de Eneas y la colonización del Lacio, con la Roma cuadrada de Rómulo y con el trazado del surco sobre el que se edificaría la muralla, serviría para crear un punto de encuentro intelectual común a todos los romanos por encima de sus diferencias. La historia de Roma, al menos de la Roma que se agitaba a finales de la República, no dejaba resquicios para ser interpretada porque debía constituir un punto común de partida para todos los romanos. Esa fue una de las claves del sistema político romano a lo largo de toda su existencia. Cada período y cada cambio se alimentaban ideológicamente de una forma eficaz y ajena a influjos de otros territorios; las corrientes ideológicas de cada momento estuvieron en íntima relación con las actuaciones de los gobernantes y siempre hubo un coro de intelectuales dispuestos a justificar los pasos que se iban dando. Incluso cuando Roma aceptó corrientes creadas fuera de su territorio obtuvo de ellas un respaldo nítido en favor de sus propios intereses.

Independientemente de las fechas transmitidas por la analística romana, los importantes logros de la arqueología lacial en las últimas dos décadas han permitido documentar la progresiva forma urbana de la ciudad de Roma que es una realidad a comienzos del siglo VI a. C. Gobernada inicialmente con un sistema monárquico en el que destaca la figura de Tarquinio Prisco en esos mismos años, Roma supo combinar su propia organización interna con el reforzamiento de su posición en el centro de Italia, a costa de los etruscos y del resto de las comunidades latinas y sabinas. El siglo VI a. C. es el siglo de la irrupción institucional y religiosa de Roma; las grandes transformaciones urbanas que darán forma física a la ciudad, la difusión de la escritura, la organización religiosa, la regulación del sistema de curias y tribus, la organización del Senado, etcétera, son pasos fundamentales que paulatinamente distancian a Roma del resto de las ciudades de Italia.

Según la tradición, el año 509 a. C. Roma sustituyó su forma de gobierno monárquica por la República, simbolizando el cambio con la expulsión del último de los Tarquinios. Tampoco la historiografía actual puede avalar esa fecha pese a que disponemos ya de nombres de magistrados desde ese momento, pues parece que al menos los de los primeros años son nombres ficticios creados a posteriori. En todo caso, a finales de la centuria Roma había iniciado una nueva andadura institucional y empezaba a ser una referencia aún tenue en el panorama internacional; Polibio lleva al año 509 a. C. el primer tratado entre Roma y Cartago, lo que aún no siendo necesariamente exacto preconiza que el Mediterráneo occidental pronto dejaría de ser un mar de griegos y cartagineses.

Desde el punto de vista institucional y de las relaciones exteriores esa República romana naciente es apasionante por su vitalidad legislativa y su capacidad de maniobra en el complejo juego de alianzas del centro de Italia. Desde la creación de las Leyes de las Doce Tablas en el año 450 a. C. hasta el tercer tratado con Cartago en el 306 a. C. se suceden los acontecimientos y los cambios legislativos a un ritmo vertiginoso salpicado de nuevas instituciones, guerras, tratados exteriores y, cómo no, de las interminables cuestiones relacionadas con el enfrentamiento patricio-plebeyo, que constituye el hilo director de las relaciones sociales y de la lucha política a nivel interno. Incluso este tema se irá moderando progresivamente en esta etapa; tras las leyes Licinias-Sextias del año 367 a. C. que regularizaban el acceso al Consulado de los plebeyos, en 339 y 337 se regularía su acceso a la censura y a la pretura y, en el año 312 a. C. la censura de Apio Claudio daría forma definitiva a los criterios de elección del Senado. Tras casi dos siglos de República, la riqueza y la propiedad de la tierra primaban ya sobre los derechos de nacimiento.

En el terreno de las relaciones exteriores esa segunda mitad del siglo IV a. C. constituye también un punto de inflexión en el dominio romano de Italia. Hechos como la deditio de Capua en la Campania (343 a. C.), la anexión final del Lacio (338 a. C.) y la derrota de samnitas y galos en el 295 a. C. acercaban cada vez más a Roma hacia el norte y sur de Italia. Dos décadas después, la toma de Tarento ponía a los romanos al borde de un Mediterráneo en el que el siguiente enemigo se llamaba Cartago. Aún en esas fechas Roma carecía de flota; no la había necesitado porque sus escenarios bélicos habían sido siempre peninsulares; pero la Primera Guerra Púnica, es decir, contra Cartago (264-241 a. C.), en territorio siciliano mostraría a los romanos la necesidad de dotarse de ella.

Resuelta la situación de Italia, los años que median entre la Primera Guerra Púnica y la definitiva anexión de Egipto el año 30 a. C. constituyen la máxima expresión del imperialismo romano. Primero contra Cartago en el Mediterráneo central y occidental y luego en Oriente, Roma fue transformando su concepción de la guerra de dominio territorial hasta convertirla en una herramienta de dominio económico; pronto no bastaría con ejercer una hegemonía real en el Mediterráneo sino que habría que poner en explotación las tierras conquistadas; Roma iba a convertirse pronto en una potencia económica o, mejor dicho, en la única potencia económica del Mediterráneo.

Este importante cambio de rumbo, mucho más complejo de lo que en unas líneas podemos esbozar, tenía también un trasfondo ideológico evidente. Roma unía su nombre al de otras grandes civilizaciones de la Antigüedad que habían soñado o conseguido dominios semejantes pero, sobre todo, tras la batalla de Actium el año 31 a. C. heredaba Egipto con todo lo que ello significaba y, en consecuencia, el último de los territorios que había pertenecido a Alejandro Magno. Egipcios, cartagineses y griegos formaban ya parte de la Historia; Octaviano, el vencedor de Actium y futuro emperador Augusto, perfilaba una nueva forma de liderazgo militar y cívico que cuatro años más tarde le iba a permitir concentrar el gobierno del mundo romano en una sola mano. La República, que nunca fue derogada oficialmente como forma de gobierno, iba a dejar paso al Principado.

Quien había de dar forma al nuevo sistema de gobierno se llamaba Octaviano, había formado parte de los colegios triunvirales que rigieron Roma al final de la República y era heredero e hijo adoptivo de César. Su largo reinado (27 a. C.-14 d. C.) es de una enorme complejidad y estuvo marcado por la necesidad de agrupar en torno a sí a los numerosos grupos de objetivos contrapuestos que poblaban el Senado romano y convertirlos en una aristocracia augustea capaz de sostener al príncipe y de asegurar su sucesión. Y hablamos de sucesión porque el régimen augusteo recibió un sistema republicano pero lo convirtió en una monarquía hereditaria legitimada por el Senado para mantener la ficción republicana. Sólo eso basta para comprender la genialidad de Augusto y de su obra de gobierno.

Augusto impulsó un altísimo número de reformas legislativas e institucionales que transformarían para siempre la Historia de Roma. La reorganización de los órdenes sociales y las reformas financieras, judiciales y administrativas fueron adaptando el escenario republicano a un ámbito acorde con el final de algunas grandes guerras de conquista que se ha dado en llamar la Paz Romana.

Con Augusto Roma reconoce la complejidad administrativa que supone gestionar ese enorme territorio que ahora es el Imperio Romano. Ello obliga a crear un sistema de provincias, cada una con un cuadro administrativo estable y a desplazar o desmovilizar los cuerpos de ejército que han tomado parte en las últimas guerras. Pese a ello, la gestión del Imperio hubiera requerido de una legión de funcionarios de la que el Estado carecía y que hubiera asfixiado las arcas de Roma; por ello se potenció el autogobierno de las ciudades, con la proliferación de colonias y municipios, convirtiendo a la ciudad en parte del tejido del Estado. Al frente de cada uno de estos núcleos, una élite social con aspiraciones de progreso aseguraba la fidelidad a Roma. Por encima de todo, sin embargo, el Emperador iba a ser el padre de la patria (pater patriae), el protector de los ciudadanos, un papel a la medida de Augusto que la ideología oficial se ocuparía de pregonar.

El Principado dinástico gestado por Augusto se perpetuó durante algo más de doscientos años; agitado por asesinatos en unas épocas y ordenado en la sucesión en otras, vio pasar dinastías de forma continuada desde Augusto hasta la muerte de Cómmodo en el año 192 d. C., con un único episodio no dinástico durante los reinados de Nerva, Trajano y Adriano (96-137 d. C.). Más tarde, la época severiana (193-235 d. C.) se ocuparía de devolver a los romanos a un escenario que creían olvidado y propio de la época republicana; la guerra civil llamó de nuevo a las puertas de Roma en la última década del siglo II d. C. y con ella el Ejército recuperó su protagonismo como elemento de desestabilización política. Roma empezaba el siglo III de nuestra era y en los retratos de los gobernantes que aparecían en sus monedas se iba imponiendo el atuendo militar. Durante algunas décadas, la inestabilidad en el trono repercutió de forma importante en el funcionamiento del Estado, cuya situación económica se agravaba por la presión en las fronteras. El año 259 d. C., el emperador Valeriano fue hecho prisionero durante la guerra contra Sapor I y una alianza de pueblos orientales; Roma nunca había sufrido una humillación tan grande desde las «Horcas caudinas» en su lucha contra los samnitas; pero de eso hacía casi 600 años.

Las reformas emprendidas en el último cuarto del siglo III a. C. dieron un cierto respiro a los romanos, pero era evidente que el sistema estaba herido de muerte y que exigía una reforma. En las últimas décadas de esa centuria se ensayó una nueva forma de gobierno, la Tetrarquía, que arranca el año 293 d. C. y que se basaba en un reparto de funciones entre dos Príncipes (Augustos) auxiliados por dos Césares, lo que reunía un total de 4 gobernantes simultáneamente e impedía una crisis sucesoria como las que había conocido Roma en el siglo III d. C. Se reorganizaron las provincias y sus cuadros de gobierno, se pusieron en marcha medidas de choque como la gran reforma monetaria del año 294 d. C. e incluso en época de Diocleciano se fijó un precio máximo para productos considerados de primera necesidad el año 301 d. C., intentando así sacar al Imperio de la larga crisis en que había estado sumido.

De este modo, al menos en apariencia, Roma recuperaba el ritmo que había perdido; a esta apariencia de normalidad contribuyó el largo reinado de Constantino I (306-337 d. C.), período en el que se puso fin a las persecuciones contra los cristianos mediante el Edicto de Milán (313 d. C.). Sin embargo, la situación distaba mucho de estar estabilizada. Si la Tetrarquía aseguraba la sucesión, también servía para crear un espacio de recelos mutuos y de ambiciones personales que, con frecuencia, derivaba en guerras.

Mientras se dirimían estas hegemonías políticas y militares, las ciudades y los campos del Imperio habían comenzado a tomar un rumbo propio. En un mundo que ofrecía ya pocas expectativas de promoción a las élites locales, se había perdido el interés por el desempeño de las magistraturas y cada vez más las aristocracias urbanas se habían trasladado a sus grandes residencias rurales. La falta de mecenazgo cívico había deteriorado el aspecto físico de muchas ciudades y las condiciones de vida de las capas inferiores de la población urbana habían empeorado. Mientras Roma resolvía el liderazgo del Imperio, el mundo romano experimentaba un debilitamiento creciente de los lazos entre la capital y los diferentes territorios; los viejos lazos de cohesión se estaban rompiendo y esto sólo era la antesala de un final abrupto que llegaría pocas décadas después. El año 395 d. C., a la muerte de Teodosio, el Imperio Romano se iba a repartir entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Sólo quedaba esperar la llegada de los primeros pueblos bárbaros.

Bibliografía básica